Un expresidente y dos exconsejeras para controlar las leyes de Susana Díaz
Escuredo, Mar Moreno y Begoña Álvarez integran el nuevo Consejo Consultivo que también vigila el urbanismo de todos los ayuntamientos
El Consejo Consultivo de Andalucía que ha diseñado el Ejecutivo regional será el más político de la his toria de la Autonomía. Tras una inesperada renovación aprobada esta semana por el Gobierno andaluz sin consultar a ningún partido, tres de sus seis consejeros electivos con dedicación exclusiva tienen como denominador común que han desempeñado altas responsabilidades políticas en la Junta de Andalucía, sin incluir a su presidente, Juan Cano , que ocupa este puesto con rango de alto cargo desde 2002. Todos ellos cobran retribuciones con cargo al presupuesto autonómico por su condición de miembros de la Comisión Permanente, el órgano deliberativo que emite opiniones jurídicas sobre todas las normas de la Comunidad.
Por primera vez no habrá en el Consultivo ningún jurista propuesto por el PP . Se rompe así la tradición de negociar estos puestos que instauró el expresidente Manuel Chaves , aun contando con mayorías absolutas en el Parlamento. El Ejecutivo de Susana Díaz justifica los cambios amparándose en que la ley que regula el Consultivo, en efecto, estipula que el nombramiento de sus miembros corresponde por decreto a la presidenta andaluza. El argumento no convence a la oposición, que mira con recelo cómo casi la mitad de los asientos en un órgano de obligada consulta están copados por personas licenciadas en Derecho, pero que si han destacado por algo ha sido por su currículum político. El golpe de mano de la Junta ha disparado las dudas en el PP, IU y Podemos (y Ciudadanos con matices)sobre el contrapeso independiente que debe ejercer en sus dictámenes sobre el desarrollo legislativo andaluz.
El Consultivo, que cuesta a los andaluces 3,83 millones de euros al año, tiene como principal misión la de dar una opinión jurídica sobre leyes y procedimientos de revisiones de oficio. En el proceso puesto en marcha para recuperar el dinero de las ayudas irregulares de los ERE, por ejemplo, el Consejo tumbó numerosas reclamaciones del Ejecutivo por fallos en la tramitación o caducidad de los expedientes.
Fuentes jurídicas consultadas por ABC destacan que su influencia trasciende el marco autonómico. «No sólo es el órgano de asesoramiento jurídico de la Junta, sino que también ejerce el asesoramiento y control sobre los ayuntamientos , ya sean del PP, del PSOE, de IU o de Podemos» en cuestiones sensibles como el urbanismo. «En materia urbanística sus dictámenes no sólo son preceptivos sino vinculantes», aclara un jurista que conoce a la perfección los engranajes internos de este ente que emite del orden de 900 dictámenes cada año.
El recambio unilateral del Gobierno andaluz ha fulminado a los dos consejeros propuestos por el PP: Francisco Javier Gutiérrez y José Antonio Sánchez Galiana. Especialmente el primero, que se reincorporará a su puesto como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo de Olavide, ha emitido votos particulares en contra de proyectos legislativos espinosos para el Ejecutivo.
Limitación de mandatos
Fue sonado el «más absoluto desacuerdo» que en 2017 mostró con el contenido del dictamen del Consultivo contrario a la limitación de mandatos de la presidenta . El órgano con mayoría de representantes del PSOE asumió las tesis de este partido y concluyó que limitar a dos legislaturas la permanencia de Susana Díaz y de sus consejeros «incurre en inconstitucionalidad por vulneración del Estatuto de Autonomía».
Una de las vacantes registrada ha sido cubierta por la senadora socialista Mar Moreno , que ha sido consejera de Obras Públicas, Educación y Presidencia en tres gobiernos distintos, así como vicesecretaria general del PSOE andaluz. Junto a Mar Moreno, se sentarán en la comisión, con un sueldo público 64.062,84 euros y dedicación completa, Begoña Álvarez y el primer presidente del Ejecutivo andaluz, Rafael Escuredo.
Álvarez Civantos , que fue consejera de Justicia, letrada de la Diputación Provincial de Granada y del Tribunal Supremo, renueva el cargo que lleva ocupando ocho años aunque computa como un solo mandato ya que debería haberse renovado en mayo de 2016. La norma permite estar dos mandatos.
Escuredo —que fundó en 1968 junto a Felipe González, el primer despacho laboralista de Sevilla— se incorporó en septiembre de 2014 como consejero con plena dedicación. Desde abril de 2011 hasta 2014 ha ocupado el asiento reservado a los ex presidentes de la Comunidad en el pleno pero sin dedicación exclusiva.
Se incorporan también Ángel Rodríguez Vergara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y doctor en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid; María Jesús Gallardo, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén, y Juan Gorelli, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva.
Entra como miembro del pleno del Consejo Fernando Yélamos , que fue socio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández García , durante los pocos meses en los que éste ejerció la abogacía. Ambos trabajaban en 1982 en el mismo despacho junto a Antonio Gutiérrez Castaño.
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