Sandro Marín, manteado por sus compañeros estudiantes del Erasmus
Sandro Marín, manteado por sus compañeros estudiantes del Erasmus - ABC

ListeriosisEl «dueño» de La Mechá, un viejo conocido de la Agencia Tributaria

Hacienda sancionó a una empresa de alimentación de José Antonio Marín, gerente de Magrudis, por no pagar impuestos y le dio de baja otra

Javier Chicote / M. Moguer
Madrid/SevillaActualizado:

Distintas bases de datos públicas consultadas por ABC reflejan que José Antonio Marín, gerente de Magrudis S.L. -la empresa que fabrica las carnes de La Mechá- y padre del propietario oficial de la sociedad, presenta un polémico historial como gestor mercantil. El nombre de Marín Ponce aparece en cuatro empresas del sector de la alimentación que tienen varios denominadores comunes: se crearon con el capital social mínimo, no presentan cuentas en el Registro Mercantil y acumulan incidencias e impagos que las llevaron a la quiebra, pese a que ninguna ha sido liquidada.Una de ellas es Sierra Encina S.L., creada en noviembre de 1996 con la «venta y distribución de cárnicos y derivados» como objeto social. Registrada en Sevilla, Marín es apoderado, mientras que como administradora aparece un familiar, Isabel María Rodríguez. El 2001, Hacienda comunicó una sanción a la empresa por no liquidar el Impuesto de Sociedades. Unos meses antes se había inscrito un «crédito incobrable» y, dos años después, otro.

Cuentas sin presentarTres años antes de la puesta en marcha de Sierra Encina, Marín Ponce había creado Sanmasur S.L., dedicada también a la venta y distribución de productos cárnicos y derivados y con 3.005 euros de capital social, el mínimo exigible. Domiciliada en la calle Mariano Benlliure de Sevilla, el empresario sigue apareciendo como administrador único. No ha depositado cuentas desde 1995, y en 2004 se repitió la historia: declaración de crédito incobrable.

Un año después, el 23 de febrero 2005, Marín se reinventa y crea en Mairena del Aljarafe (Sevilla), junto a un socio, Marín y Maldonado S.L., una sociedad dedicada a actividades de hostelería. Este negocio tampoco funcionó, hasta el punto de que en septiembre de 2014 la Agencia Tributaria le revocó el NIF (Número de Identificación Fiscal), es decir, la dio de baja en Hacienda. Esto significa que la empresa, entre otras restricciones, no puede «realizar cargos y abonos en cuentas o depósitos abiertos en entidades de crédito» ni tampoco «obtener el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias», según la normativa vigente de la Agencia Tributaria. En casos como este, se puede recuperar la actividad y el NIF si se solventan los incumplimientos, pero no fue el caso.

En esa fecha ya estaba funcionando Magrudis S.L., la responsable del brote de listeria. Con el historial que Marín llevaba a su espalda, fue su hijo, Sandro Marín Rodríguez quien figuró en junio de 2013 como administrador y socio único de la fábrica de «La Mechá». Según avanzó ayer el diario «El País», Marín usó a su hijo como «testaferro». Fuentes consultadas por ABC sostienen que el padre controlaba la empresa. De hecho, en declaraciones a ABC en Sevilla tras saltar la alerta por la listeriosis se presentó como «gerente» de la empresa.Las últimas cuentas que Magrudis presentó en el Registro Mercantil son las de 2014, cuando tenía poco más de un año de vida. Declaró unos 260.000 euros en ventas y un beneficio antes de impuestos de 6.524 euros. Aunque dejó de presentar balances contables, algunas empresas de información sobre crédito y solvencia como Axesor recopilaron datos de 2017, cuando facturó casi 100.000 euros, según avanzó ABC.

José Antonio Marín también figura como apoderado de Embutidos El Patio, creada en 1999. Sería su cuarta empresa, sin contar con Magrudis. Más de lo mismo: mínimo capital social, declaración de «crédito incobrable» en 2001, no presenta cuentas desde 2011 y tiene una demanda judicial por importe de 1.608,31 euros. La administradora es Encarnación Rodríguez y como propietario de la sociedad aparece un tercero, Francisco G.O.

Plan de autocontrol

Con respecto a Magrudis, la última sociedad vinculada a Marín Ponce, el Ayuntamiento explicó ayer que dicha sociedad tiene desde el año 2017 un sistema de autocontrol para revisión de sus sistemas de seguridad. Desde el Consistorio sevillano indican que el plazo de 18 meses para inspeccionar la fábrica es, según la normativa, «orientativo» y además «en ningún caso obligatorio».Además, señalan que Magrudis es una empresa «en la que no hay antecedentes de ningún problema sanitario o deficiencias». Así, añaden desde el Ayuntamiento, desde 2017 «la empresa asume la responsabilidad» de cumplir la normativa. En cuanto a la obra realizada en las instalaciones de Magrudis en julio de este año, justo cuando se detectaron los primeros casos de listeria, el Ayuntamiento explica que esta modificación de las instalaciones fue notificada por la empresa a la Junta de Andalucía, pero «no hay constancia de que ese escrito fuera remitido por parte de la Junta al Ayuntamiento de Sevilla».