Los exconsejeros de Trabajo, Francisco Vallejo (2i) y de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo
Los exconsejeros de Trabajo, Francisco Vallejo (2i) y de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo - EFE
Caso de los ERE

La defensa de Vallejo: «Ser nombrado consejero no implica convertirse automáticamente en prevaricador»

Molino ha iniciado su informe alegando «indefensión» por la falta de concreción de las acusaciones sobre las actuaciones delictivas que atribuyen a cada uno de los acusados

SevillaActualizado:

La defensa del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo ha criticado este martes que la Fiscalía y sobre todo el PP-A basen la acusación contra su cliente en el juicio de los ERE en su condición de miembro del Gobierno andaluz, pues «ser nombrado consejero no implica convertirse automáticamente en prevaricador».

La letrada Encarnación Molino representa a Vallejo en este juicio, en el que se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación acusado de prevaricación y malversación junto a otros 20 ex altos cargos de la Junta.

Como otras defensas, Molino ha iniciado su informe final alegando «indefensión» por la falta de concreción de las acusaciones sobre las actuaciones delictivas que atribuyen a cada uno de los acusados así como la «larga instrucción y proceso mediático» que en esta causa ha provocado un «juicio paralelo« ante la que la presunción de inocencia se presenta «herida y dolorida».

Ha criticado que las conclusiones expuestas por las acusaciones basadas en una «construcción sesgada de la realidad, vaga y artificiosa» con «planteamientos genéricos» que en muchos casos construyen imputaciones sobre «meras sospechas y conjeturas» a partir del simple hecho de los cargos que desempeñaron los acusados en la Junta de Andalucía.

Respecto a Manos Limpias, que retiró la acusación de malversación contra todos los procesados pero mantuvo la de prevaricación para la mayoría, ha afeado sus «consideracines políticas, sociales, éticas y morales» que «deben quedar al margen» del pronunciamiento del tribunal.

Pero sobre todo, ha arremetido contra el PP-A que en su informe final enumeró los nombramientos de cada uno de los 21 acusados por parte de los presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán -ambos en el banquillo-, al cuestionar que «del nombramiento de consejeros no se puede concluir que exista un plan preconcebido« para adoptar decisiones constitutivas de delito.

«No existe ninguna prueba más allá del inconsistente planteamiento del PP», ha insistido, y ha alertado de que «para solicitar 8 años de prisión y 30 de inhabilitacion hace falta algo más que invocar genéricas leyes de gobierno de la Junta de Andalucía».

La letrada de Vallejo ha criticado que «ni siquiera se ha intentado probar que a lo largo de diez años un importante número de personas, de distintos órganos y en distintos momentos, se han puesto de acuerdo para tomar decisiones, unidos por un designio criminal, sin relación alguna entre ellos más allá de haber sido nombrados por el presidente de la Junta».

Ello «no es suficiente« para dictar «una sentencia condenatoria», ha subrayado, tras volver a criticar la falta de concreción de los hechos imputados a cada acusado pues «no todo vale y no se puede acusar de todo a todos».