El exconsejero Antonio Fernéndez
El exconsejero Antonio Fernéndez - ABC
Caso ERE

La defensa del exconsejero Fernández reconoce que la Junta daba ayudas sin control previo

Su abogado se excusa en que el Gobierno central también concedía estas subvenciones, pero desde Madrid, ha dicho, sí se fiscalizaban

SevillaActualizado:

La defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha alegado que la Junta daba las ayudas de los ERE aplicando una orden estatal de 1995, que no fija requisitos y permite la «discrecionalidad», y actuó como el Estado «a excepción de la sujeción a la fiscalización previa seguida allí pero no aquí».

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo ha continuado hoy leyendo su informe final en defensa del exconsejero de Empleo, que se enfrenta a ocho años de prisión y treinya de inhabilitación por prevaricación y malversación y uno de los pocos ex altos cargos de la Junta procesados que ya ha pasado por la cárcel.

El letrado se ha unido a la tesis defendida por el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, el otro acusado que también estuvo encarcelado, de que no existía regulación autonómica de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que durante diez años repartió la Consejería de Empleo porque no podía haberla, ya que la competencia para legislar en materia laboral es estatal.

Se aplicaba una orden dictada por el Ministerio de Trabajo en 1995, siendo precisamente ministro el expresidente de la Junta José Antonio Griñán -procesado en este juicio- sobre ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

Una orden que las acusaciones niegan que sea aplicable por cuanto la mayoría de los 850 millones en ayudas otorgados por la Junta del 2000 al 2010 eran a empresas y no a trabajadores y que nunca fue citada en los expedientes de concesión, por lo que sostienen que eran subvenciones y debía aplicarse la Ley andaluza de Subvenciones que exige que toda ayuda sea previamente fiscalizada.

Precisamente, la falta de fiscalización previa es la diferencia reseñada por el letrado entre cómo daba las ayudas el Estado y cómo las dio la Junta, al pagarlas a través de un ente instrumento (IFA, luego IDEA), sometido a un control a posteriori.

Ha defendido la orden estatal no fijaba requisitos para conceder las ayudas sino que «quedaba a la discrecionalidad del órgano gestor», en este caso la Dirección General de Trabajo por la «descentralización de competencias» de la consejería.