Contratos millonarios de helicópteros para el 061 en Andalucía, en el punto de mira judicial

La juez María de los Reyes Flores, que investiga el supuesto amaño del concurso de suministros aéreos del Plan Infoca, ha abierto diligencias por posible prevaricación en las adjudicaciones de contratos de helicópteros que realiza la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de la Junta de Andalucía para el traslado de pacientes en situaciones críticas o de riesgo para su vida dentro de la Comunidad.

Mediante una providencia dictada el pasado jueves, la titular del juzgado de instrucción número 8 de Sevilla acuerda la apertura de una nueva investigación tras recibir un atestado de la Policía Nacional que apuntaba a una «posible colisión —o pacto— de empresas en los citados contratos».

Los agentes revelan que la adjudicataria del transporte aéreo sanitario, Inaer Helicópteros, «pertenece al grupo de empresas sospechosas de concentarse ilícitamente», pero añaden que se trata de licitaciones distintas a las del caso Infoca, según recoge el citado informe policial, que está fechado el 12 de mayo pasado.

De hecho, desde Faasa Aviación, una de las empresas investigadas por los contratos de extinción de incendios, aclaró a ABC que no es el proveedor de referencia y hace años dejó de operar estos servicios debido a la falta de viabilidad.

En relación al caso Infoca, la Fiscalía de Sevilla y Faasa han pedido a la juez que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional en la investigación del concurso público que adjudicó la Junta hace dos años para disponer de los medios aéreos del Plan Infoca. Faasa aseguró a ABC que la Audiencia Nacional ha admitido investigar las contrataciones de todo el territorio nacional por una causa procedente de Valencia. El juzgado de instrucción 2 de Sagunto (Valencia), que investigó el caso, se ha inhibido.

El detonante de ambas investigaciones fue una denuncia de un funcionario del servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que aseguró que su jefe de servicio le obligaba a participar en mesas de contratación presuntamente amañadas y que a raíz de su negativa fue objeto de una situación hostil presuntamente constitutiva de acoso laboral, lo que también se está investigando judicialmente.

La empresa alicantina de helicópteros Inaer —que ha declinado hacer declaraciones al respecto— se hizo en el año 2015 con un contrato de 20,72 millones de euros. Fuentes de EPES aseguran a ABC que no tienen constancia de las diligencias abiertas ni han recibido notificación, pero que colaborarán con la Justicia. Añaden que se contrataron helicópteros para los equipos de emergencias aéreos 061 por procedimiento abierto conforme a lo que marca la ley.

De hecho, la magistrada ha acordado deducir testimonio por acoso laboral contra el denunciante del caso y también ha dado por personado a Podemos en la causa como acusación popular.

Declaraciones como investigados

Por su parte, la Federación Ecologistas en Acción-Sevilla, que ejerce como acusación en el caso Infoca, ha solicitado al juzgado de Sevilla que sean llamadas a declarar en calidad de investigados siete miembros de mesas de contratación investigadas pertenecientes a la Administración de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentra el director del Centro Operativo Regional de Prevención y Extinción de Incendios.

«Con el fin de llegar al mayor esclarecimiento de los hechos investigados», Ecologistas en Acción también pide que declaren como investigados doce personas que «forman parte de las empresas adjudicatarias de los contratos», según el escrito registrado en el juzgado.