El Consejo Andaluz reclama al SAS que pague a los médicos la carrera profesional cuando la soliciten

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha presentado un Recurso de Reposición ante la Consejería de Salud contra el proceso retributivo de la carrera profesional exigiendo que los profesionales disfruten de este reconocimiento económico con carácter retroactivo y, al menos, desde la fecha de solicitud de la certificación de la carrera profesional.

La representación colegial se opone al artículo octavo de la Resolución de 1 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud , por la que se dictan instrucciones sobre la reanudación de los procesos de certificación en los distintos niveles de la carrera profesional. Ese artículo determina que los efectos económicos del reconocimiento de la certificación de Carrera se producirán «a partir del día uno del mes siguiente a la resolución definitiva de la Dirección General». El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos considera que esta disposición es «arbitraria y vulnera el derecho de los médicos a percibir la retribución conforme su nivel de carrera profesional».

El Consejo solicita que la retribución se haga efectiva desde la fecha de su solicitud y no queden pendientes de la resolución del Servicio Andaluz de Salud. Alegan que la certificación de la carrera profesional se dictó en septiembre de 2018, más de 14 años después de que se publicara la Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de salud. Durante este tiempo se suspendieron procesos abiertos, con numerosas sentencias condenatorias para el Servicio Andaluz de Salud por lo irregular de su actuación y dificultades para que los médicos puedan ver reconocido su derecho a la carrera profesional en Andalucía .

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos considera que asegurar el cobro del reconloicmiento de la carrera porfesional desde la fecha de solicitud de la certificación es una medida «conforme a la normativa vigente, la costumbre y la jurisprudencia , más a la vista de los años de atrasos que lleva esta administración». Además, añaden «que los efectos económicos deberían de contemplarse retroactivamente, al menos cuatro años, por la tardanza de esta administración».