La consejera de Educación destaca el «confort» de las aulas prefabricadas

Los padres de los alumnos andaluces que tienen que dar clase cada curso en las impopulares «caracolas» son sus máximos detractores. Pero en la Junta de Andalucía no ven esta solución provisional con tan malos ojos e incluso elogian sus prestaciones. La consejera andaluza de Educación, Adelaida de la Calle Martín, ha insistido en que las «aulas de fabricación rápida», como llegó a calificarlas en una rueda de prensa, «tienen los mismos requerimientos que las construcciones permanentes en cuanto a seguridad, equipamiento y confort, siendo sometidas periódicamente a las reparaciones y mejoras que sean necesarias».

El entrecomillado forma parte de una respuesta parlamentaria de la responsable autonómica de Educación a una interpelación que hizo por escrito la diputada del PP Esperanza Oña, que le cuestionaba sobre la existencia y el mantenimiento de estas instalaciones.

En concreto, se refirió a la situación del colegio Marqués de Santa Cruz en El Puerto de Santa María (Cádiz), que alberga tres caracolas desde enero de 1995. Hace ya 21 años. La Junta atribuyó la responsabilidad al Gobierno central aunque Andalucía tiene cedidas las competencias educativas.

En el citado colegio, explicó la consejera, «existen módulos prefabricados que fueron instalados por el Ministerio de Defensa antes de que dicho centro educativo fuera transferido a la Consejería en el año 2007». Añadió que los módulos ubicados en el colegio gaditano «no están siendo utilizados como aulas» en la actualidad, porque «no albergan actividad docente sino que son usados como espacios de apoyo al centro».

Una solución «puntual»

En la respuesta publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía el pasado miércoles, la consejera se extiende en explicar que las caracolas son una solución coyuntural motivada por el desarrollo de obras de centros y la presión demográfica (el incremento de la escolarización). «En el primer caso, la prefabricada permanece en el centro el tiempo necesario para acoger al alumnado en tanto se finaliza la obra; en el segundo, o bien se trata de incrementos puntuales, y por tanto el uso de la prefabricada está limitado en el tiempo, o bien se programa una actuación que venga a resolver esa carencia de espacios», argumenta.

Quiso dejar claro que «dentro del conjunto del sistema educativo público andaluz, la presencia de las instalaciones prefabricadas es puntual». Sin embargo, en localidades como Burguillos, en Sevilla, siguen en pie después de una década. Llegaron como una solución temporal para responder a la falta de espacio de un colegio que data del año 1978.

De la Calle puntualiza que «la ocupación de estos edificios se rige, al igual que las instalaciones de tipo permanente, por las ratios de alumnado por aula establecidas en la normativa vigente». Si se hace un cálculo prudente de los alumnos afectados de acuerdo con dichos ratios, se estima más de 8.000 niños -la Junta no aporta cifras- realizan su educación obligatoria en los 317 edificios portátiles en uso que tiene la Administración autonómica repartidos por todo el territorio andaluz. La provincia de Jaén es la única que no cuenta con ningún módulo.