Corrupción
Los enchufes de familiares y amigos de Guerrero costaron «una cuantía enorme» a la Junta de Andalucía
Las defensas rechazan la acusación «sorpresiva» de falsedad mercantil en el inicio del juicio contra cinco ex altos cargos autonómicos
No ha pasado ni un mes desde que el juicio del caso ERE quedó visto para sentencia, pero este martes cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía juzgados en este proceso han vuelto a sentarse el banquillo de los acusados en un nuevo proceso por crear una empresa instrumental fantasma, Umax , que sirvió para enchufar a familiares y amigos del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en la Junta de Andalucía. Entre 2003 y 2010, la Consejería de Empleo contrató 44 trabajadores valiéndose de la citada empresa que acabaron empleados en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), conocida por los pagos en prostíbulos con una tarjeta oficial.
En el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla y que ha arrancado hoy con la presentación de las cuestiones previas se juzga a dos ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina ; al administrador único de la empresa de informática Umax, La juez Pilar Ordóñez ha impuesto a los seis acusados una indemnización conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía de 2.556.036 euros, por todas las cantidades indebidamente percibidas desde el año 2003 al 2010., y a tres ex altos cargos más: Guerrero y a sus dos sucesores en el cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera . Éste último no estuvo acusado en la única pieza del caso ERE que se ha juzgado.
Las defensas de los ex altos cargos de la Junta y del dueño de la empresa de informática Umax han denunciado que sufren indefensión en este proceso debido a la «falta de concreción de los hechos» que se les imputan, según indicó el abogado Adolfo Cuéllar, que representa a Aguado, y a la acusación «sorpresiva» de un supuesto delito de falsedad en documento mercantil por parte de la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, imputación que no aparecía en el auto de procedimiento abreviado, según detalló el abogado Manuel Salinero, que defiende a la ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina Varo.
En la fase de cuestiones previas, el abogado de Ulpiano Cuadrado ha pedido la declaración como testigos de los trabajadores que supuestamente fueron contratados ex profeso «por orden y mandato de Guerrero porque eran amigos suyos» , que pidió inicialmente la Fiscalía y luego desistió. «¿Qué menos que los escuchemos?», se justificó. También pidió que testifiquen tres exdirectores generales quie firmaron las subvenciones autonómicas concedidas a Umax.
La Fiscalía, en cambio, mantiene su acusación contra los seis acusados por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil y advierte que su escrito de acusación es genérico «por la falta de colaboración» de los propios acusados , ya que los tres exdirectores de Trabajo rehusaron declarar en el juzgado.
La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en el proceso, añade un delito de fraude en subvenciones contra el dueño de Umax y sólo acusa del resto de los delitos a este empresario y a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez.
La letrada de la Junta, María Victoria Gálvez, ha rebatido a las defensas asegurando que «el problema» que entraña esta causa durante los mandatos de los distintos directores generales de Trabajo es que «no se ha documentado la actividad administrativa» y « se ha hecho una contratación verbal por una cuantía enorme ». las contrataciones «se han realizado al margen de toda la legalidad en materia de contratación» y los funcionarios se han topado con la «dificultad» de investigar de oficio contratos con documentación «en algunos casos inexistente y en otros desperdigada e inconexa».
De hecho, la juez instructora, Pilar Ordóñez , impuso a los seis acusados una indemnización conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía de 2.556.036 euros, por todas las cantidades indebidamente percibidas desde el año 2003 al 2010.
Una vez que responda el tribunal a las cuestiones previas planteadas, será el turno de las declaraciones de los acusados, que están previstas para este jueves y 15 de enero, mientras la fase testifical se desarrollará previsiblemente los días 16, 22, 29 y 30 de enero y 5 de febrero. Para la presentación de las conclusiones e informes finales se han fijado tres sesiones, el 13 de febrero y 12 y 13 de marzo.
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para los cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en este procedimiento.
Para los cinco ex altos cargos el ministerio público pide nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación; seis años de prisión y 18 de inhabilitación por el delito de malversación, y cuatro años de cárcel y otros cinco años de inhabilitación, además del pago de una multa de 13.500 euros, por un delito de falsedad , mientras que para Ulpiano Cuadrado solicita en total ocho años y medio de prisión y el pago de una multa de 7.500 euros.
En su escrito de acusación, la Fiscalía expone que los pagos derivados de este tipo de contratación «se realizaron bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes , facilitando el pago inmediato de la retribución convenida entre todos los acusados».
La Junta de Andalucía acusa a Guerrero y Márquez de realizar contratos verbales «por una cuantía enorme»
El personal contratado por Umax «prestó servicios para la antigua Consejería de Empleo, ejerciendo funciones en las sedes de varios órganos directivos y administrativos de la misma y realizando en algunos casos tareas que deberían haber sido efectuadas por personas integradas en la función pública de la Junta, por ser de la naturaleza que sustenta la propia existencia de dicha función durante el tiempo que va desde el año 2003 hasta el año 2010».
El Ministerio Público asevera que los trabajadores que fueron contratados «pertenecían al círculo de amigos y familiares» de Guerrero , que fue director de Trabajo entre 1999 y 2008, cargo en el que le sustituyeron Juan Márquez, entre 2008 y 2010, y Daniel Alberto Rivera, de 2010 a 2012, añadiendo que estos dos últimos, «conocedores de la irregularidad en la forma de contratación, consintieron y siguieron contratando a estas personas con el fin de obtener un ilícito beneficio patrimonial personal».
La Junta de Andalucía, personada como acusación, ha solicitado once años de cárcel y 30 de inhabilitación para Guerrero; siete años de prisión y 23 de inhabilitación para Juan Márquez , y 16 años de cárcel para el administrador único de Umax, mientras que no ha acusado a los otros tres ex altos cargos procesados por la juez de Instrucción número 10 de Sevilla.
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