CASO ERE
El chófer de los ERE que se gastó ayudas de la Junta de Andalucía en cocaína, camino del banquillo
La juez Núñez envía a la Audiencia de Sevilla la pieza por la que será juzgado también el exdirector Francisco Javier Guerrero
El juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha remitido a la Audiencia de Sevilla la pieza en la que serán enjuiciados el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y su chófer, Juan Francisco Trujillo , que presuntamente destinaron dinero de los ERE a comprar cocaína.
En esta pieza, además de Guerrero y Trujillo, acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y asociación ilícita , serán procesados el exdirectivo de la aseguradora Vitalia Antonio Albarracín y un presunto testaferro, Isidoro Ruiz Espigares, por prevaricación, malversación y asociación ilícita, ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La Fiscalía Anticorrupción pide 14 de años de cárcel para Guerrero y su chófer , al que, según el escrito de acusación, dieron sin motivo 1,4 millones en ayudas públicas de los ERE, de los que «un porcentaje importante» que no se ha podido cuantificar se destinó a cocaína y copas.
Para Albarracín pide seis años de prisión por firmar una póliza por 122.648 euros a favor de la madre del chófer y otros seis años y tres meses de prisión para un socio del conductor, Isidoro Ruz, que colaboró en montar una supuesta granja avícola que recibió 450.000 euros de dinero público.
Guerrero, uno de los principales acusados en los ERE , concedió en 2004 las ayudas sin tener competencia para ello, y las subvenciones se tramitaron a través de tres empresas creadas solo para recibir el dinero y «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», según la Fiscalía.
El chófer, con el dinero recibido, no ejecutó ninguno de los proyectos de inversión ni contrató al personal previsto en las memorias, que «se aportaron para, de forma engañosa, justificar la concesión de las ayudas», añade el escrito de acusación.
La Fiscalía considera «evidente que en ningún caso las tres sociedades se constituyeron para iniciar una actividad empresarial, sino para canalizar para disposición de los encausados fondos públicos de la Junta de Andalucía».
Con el dinero recibido, añade la acusación pública, el chófer financió compras de inmuebles y fincas rústicas con fines especulativos, y entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca de Llanos del Sotillo (Jaén), donde tienen el domicilio familiar.
El ex director general, por su parte, supuestamente recibió de su chófer entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína.
Noticias relacionadas
