Chaves y Griñán podrán pedir dinero si son absueltos

La complicada situación de la Junta de Andalucía en los tribunales no sólo no ha terminado desde el punto de vista procesal sino también desde el económico. Al margen de los fondos perdidos por prácticas fraudulentas y que no se han recuperado hasta la fecha, y de los costes judiciales que está pagando la administración andaluza por los procedimientos que está perdiendo —como las reclamaciones que muchos empresarios le están haciendo por las deudas en los cursos de formación— está el dinero que podrán reclamar en el futuro los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán si no son condenados por los tribunales.

El Gobierno andaluz es plenamente consciente de que ambos expresidentes podrán pedir un resarcimiento si son finalmente absueltos por los tribunales del caso ERE, una petición que supondría un importante desembolso para la administración andaluza, aunque su cuantía no está ni siquiera calculada.

Desde el Ejecutivo que preside Susana Díaz se asegura rotundamente que ninguno de los dos ha solicitado amparo a la Junta de Andalucía y que la administración no está desembolsando ni un sólo euro para pagar la defensa jurídica de los dos expresidentes.

Letrados de la Junta

Ni Manuel Chaves ni José Antonio Griñán han recurrido a los letrados de la Junta a pesar de que ambos están procesados precisamente por el sistema como el Gobierno andaluz concedía las ayudas a las empresas para los expedientes de regulación de empleo. Ambos están imputados en una pieza desgajada del caso matriz de los ERE, en la llamada pieza política o procedimiento específico.

Hay que tener en cuenta que la administración andaluza está personada como acusación particular en este caso, por lo que los dos expresidentes no habrían podido pedir al Gabinete Jurídico de la Junta que se encargase de sus respectivas defensas ante los tribunales de Justicia.

Así, tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán y los otros 24 exaltos cargos de la Junta imputados se están sufragando la defensa de sus propios bolsillos, no como ha ocurrido con Francisco Vallejo en el caso Servivation, que la propia Junta de Andalucía ha sustituido a sus abogados privados para hacerse cargo de su defensa.

Desde el PSOE andaluz y el Gobierno de Susana Díaz se ha insistido en reiteradas ocasiones en defender la «honradez y honestidad» de los dos expresidentes de la Junta. Siguiendo este mismo argumento, la propia administración ha pedido el archivo del caso. Pero el juez lo ha denegado y ya no van a poder librarse del juicio oral, cuyo procedimiento ya se ha abierto y contra el que no cabe recurso. Este juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Sevilla durante el año 2017, si bien todavía no tiene fecha cerrada porque no se ha producido el reparto de los asuntos judiciales.

Griñán se enfrenta, por parte del ministerio público, a una petición de penas de seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación por prevaricación y malversación. La Fiscalía pide igual condena con cárcel de hasta ocho años para otros 17 imputados, aunque al expresidente le reclama además una fianza de 4,2 millones de euros. Para Chaves y el resto de procesados, la Fiscalía pide inhabilitación de diez años por prevaricación continuada.

El PP aumenta las penas incluyendo en su escrito la acusación de asociación ilícita, al considerar que sí hubo una trama para delinquir en la cúpula de los gobiernos socialistas que otorgaron ayudas sociolaborales entre los años 2000 y 2011. Por ello añade dos años de cárcel, una multa de 36.000 euros y una inhabilitación absoluta de 12 años para los 26 procesados.