Caso ERE en Andalucía
El juicio del caso ERE se suspende un día tras alegar un acusado que la Fiscalía vulnera sus derechos
El letrado del exconsejero Fernández pide tiempo para rebatir a los fiscales porque, a su juicio, quieren «dejar fuera» las ayudas concretas
La sesión de este martes en el juicio del caso ERE ha durado apenas media hora. El tribunal que juzga a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a 19 ex altos cargos autonómicos ha acordado suspender la vista oral durante un día apelando al derecho de los acusados a la defensa y a un juicio sin dilaciones indebidas.
El juez Juan Antonio Calle atiende así la solicitud planteada al inicio de la sesión por el abogado Alfonso Martínez del Hoyo amparándose en que ha habido un cambio de tipificación penal de los hechos o un mayor grado de participación en los mismos en las conclusiones definitivas presentadas por la Fiscalía el pasado lunes.
El letrado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández García (2004-2010) solicitó la suspensión asegurando que la Fiscalía ha modificado sus conclusiones para «dejar fuera» del enjuiciamiento de la sala la supuesta malversación de fondos públicos derivada de la concesión y pago de cada ayuda de forma aislada e independiente. Para esta defensa, se produce un cambio de criterio que socavaría derechos fundamentales para su cliente como la tutela judicial efectiva y a la igualdad de armas procesales.
El tribunal ha aplazado el juicio hasta el miércoles tras hacer un receso de veinte minutos para deliberar este asunto. Durante la intervención de Martínez del Hoyo, el magistrado ponente, Juan Antonio Calle Peña, ha recordado que ya se pronunció sobre el mismo problema al inicio del proceso, cuando el Ministerio Fiscal le pidió que delimitara el objeto del juicio durante la presentación de las cuestiones previas.
En un auto, el tribunal sentenciador determinó que el objeto de enjuiciamiento en esta causa es el procedimiento específico diseñado por la antigua cúpula de la Junta de Andalucía para repartir, pagar y financiar las subvenciones a empresas y prejubilados, lo que excluye la tramitación de las ayudas concretas a las 270 empresas, que se están investigando en otras piezas desgajadas de la macrocausa de los ERE y darán pie a decenas de juicios.
Para este abogado de la defensa, en cambio, la concesión y pago de cada ayuda «forma parte de la causa» que se está juzgado en estos momentos por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. No quiere que Antonio Fernández se enfrente a decenas de juicios por cada una de las ayudas en las que participó porque constituiría un doble enjuiciamiento . Para ello, invoca las resoluciones de la Sección Séptima de la Audiencia que han dado pie a una desimputación masiva de exresponsables políticos, procesados o no en este juicio, en las piezas separadas de la macrocausa que investigan cada una de las ayudas concedidas.
Se trata de una cuestión espinosa que ha dado pie a posiciones encontradas. A un lado del ring, están la Fiscalía, la acusación del PP y la Junta de Andalucía, que defienden que las ayudas individuales no se están juzgado en este procedimiento. Al otro, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y la juez instructora María Núñez Bolaños, que está realizando una desimputación masiva de exresponsables políticos, sean juzgados o no en esta causa, amparándose en que la pieza política engloba todas las supuestas malversaciones relativas a cada una de las ayudas , por lo que estas no pueden enjuiciarse además por separado.
Alfonso Martínez del Hoyo ha recordado que «desde hace más de dos años se viene sosteniendo por el Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía una auténtica batalla jurídica que está teniendo muchos capítulos en el juzgado de instrucción y la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla».
El punto de la discordia es una frase recogida por la Fiscalía en sus conclusiones definitivas que no aparecía en su calificación provisional. El ministerio público recuerda que «se practican diligencias para el esclarecimiento de las concretas circunstancias en las que se concedieron, tramitaron y pagaron esas ayudas» que serán objeto de enjuiciamiento en piezas separadas .
Para Martínez del Hoyo, «desde la aparente inocuidad del cambio operado en sus conclusiones, nadie se chupa el dedo». Esgrime que «hay un riesgo cierto de que pudiera producirse una lesión de los derechos» de su defendido «si la sala en sentencia decidiera situarse en esa vía y dejar fuera los hechos de concesión y pago de las ayudas que forman parte de esta causa».
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