CASO ERE ANDALUCÍA
El abogado de Márquez afirma que antes de su llegada muchos pudieron parar las irregularidades de los ERE
Otra defensa pide que las acusaciones paguen las costas judiciales por su «injusta» criminalización de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía
La defensa del ex director general de Trabajo Juan Márquez ha criticado hoy que se le acuse de no paralizar cuando llegó en 2008 un sistema de ayudas que llevaba ocho años usándose cuando muchos que supieron de las irregularidades detectadas en ese tiempo por la Intervención no lo hicieron.
El abogado Manuel Pérez Cuajares ha iniciado su informe final en defensa de Márquez, que se enfrenta -como su antecesor Javier Guerrero- a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Para el letrado, «lo poco o mucho que se hizo» para corregir las irregularidades señaladas por la Intervención «lo hizo el señor Márquez», quien llegó a la Dirección General de Trabajo en el año 2008, por lo que «es importante resaltar qué se supo y qué se hizo y pudo hacer» antes de su llegada al cargo.
En este sentido, ha destacado que Márquez no estaba en el cargo cuando la Intervención puso reparos en 2000 a las ayudas a la cárnica jienense Hijos de Andrés Molina (Hamsa) , lo que según las acusaciones llevó a idear un sistema para pagar ayudas a empresas y extrabajadores eludiendo la fiscalización previa de la Intervención a través de la agencia pública IFA/IDEA.
Tampoco cuando se firmó el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para instaurar ese llamado procedimiento específico, ni cuando en 2003 la Intervención de IDEA analizó una veintena de expedientes y en un informe adicional remitido en 2005 a las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda señaló que la Dirección de Trabajo estaba concediendo las ayudas «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido».
Aunque ha subrayado que la Intervención nunca vio menoscabo de fondos públicos sino irregularidades administrativas, ha dicho que «cinco años antes de que mi defendido llegara» los interventores pudieron paralizar el sistema de ayudas de los ERE «si realmente veían ilegalidad».
La defensa de la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina ha solicitado que el tribunal que juzga a 21 ex altos cargos de la Junta imponga el pago de las costas del juicio de los ERE a la acusación popular que ejerce el PP-A por mantener una «acusación injusta» y el «injustificable daño causado» .
Así lo ha solicitado en su informe final el letrado Manuel Salinero, que representa a Medina, acusada de prevaricación y malversación y para la que el fiscal pide seis años de prisión y el PP-A ocho, una acusación ante la que según su defensa «no basta con la absolución».
Defensa de Aguado
El letrado Adolfo Cuéllar, que defiende al ex secretario general técnico en Empleo Javier Aguado en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta por prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha rechazado de pleno la tesis de la acusación de que en el caso ERE existió un plan concertado por todos los encausados, puesto que de ser así tenían que estar «150 y 200 personas más» en el juicio.
« Dónde están los miembros del 'consejillo' durante una década o los miembros del Consejo de Gobierno, dónde los interventores delegados en Empleo o los interventores del Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), funcionarios y personal de las gerencias de IFA/IDEA, o parlamentarios», ha cuestionado Cuéllar, asegurando que «es imposible» por la dinámica de funcionamiento de una administración que "estos señores no estuvieran o participaran» en los hechos. "El concierto es materialmente imposible", ha añadido.
Cuéllar ha desarrollado en la sesión de este lunes su informe final, pidiendo la absolución para su defendido, Javier Aguado, secretario general de Trabajo entre 1994 y mayo de 2000 y secretario general técnico desde mayo de 2004 hasta mayo de 2008, adhiriéndose a los informes que le han precedido respectivos a los acusados Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, también ex secretarios generales técnicos de Empleo.
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