Casi 150 detenidos por falsificar documentos de inmigrantes

La operación de la Policía Nacional contra una red que supuestamente proporcionaba documentación falsificada a extranjeros para que regularizaran su situación en España y para realizar altas fraudulentas en el sistema de Seguridad Social ha concluido con 148 detenidos en 15 provincias españolas, la mayor parte de ellos en Granada.

Así lo ha señalado este viernes el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, a preguntas de los periodistas sobre el estado de esta operación, cuyas investigaciones arrancaron a raíz de una denuncia en la Oficina de Extranjería en la provincia granadina.

Sanz ha considerado «brillante» esta operación policial que ha permitido desarticular una banda que favorecía la inmigración ilegal, la falsedad documental y el fraude a la Seguridad Social.

Este «entramado» no solo proporcionaba documentación fraudulenta para la regularización ilegal de trabajadores extranjeros, sino también contratos de trabajo y prestaciones ficticias, todo ello creando un fraude de «gran magnitud».

La organización elaboraba contratos de trabajo y nóminas que simulaban la obtención de ingresos, así como certificados de empadronamiento e informes municipales de habitabilidad de viviendas para adecuarlos a los requisitos exigidos para obtener autorizaciones de residencia.

La investigación se inició en el mes de mayo de 2016, cuando los agentes tuvieron conocimiento de irregularidades en la solicitud de autorizaciones de residencia por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad marroquí, según detalló en su momento la Policía Nacional.

Tras llevar a cabo una serie de gestiones, se comprobó la existencia de una organización criminal que, a través de un complejo entramado de contrataciones ficticias y falsedades documentales, llevaba a cabo diversas actuaciones delictivas que se extendían a un elevado número de provincias.

Facilitaban principalmente la documentación falsificada oportuna para la regularización de ciudadanos extranjeros en nuestro país mediante la obtención de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales -arraigo social- y la reagrupación de sus familiares hacia nuestro país.

Esta documentación consistía en contratos de trabajo y nóminas que simulaban la obtención de cierto nivel de ingresos, así como certificados de empadronamiento e informes municipales de habitabilidad de viviendas a fin de cumplir con los requisitos de capacidad económica y disponibilidad de vivienda adecuada exigidos por la legislación de extranjería para la reagrupación familiar, cometiendo con ello delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular.