Anticorrupción pide seis años de cárcel para el expresidente andaluz Griñán por el caso ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de seis años de prisión para el anterior presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por el caso de los ERE fraudulentos, «con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años» por el delito continuado de malversación y otros diez más por incurrir en una supuesta prevaricación continuada.

En el caso de Manuel Chaves, el escrito de acusación de la Fiscalía solicita una inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez años, ya que sólo está imputado por un delito continuado de prevaricación, al igual que el ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías y la exconsejera y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

En el caso del exconsejero José Antonio Viera, ex diputado socialista en el Congreso, la pena de prisión solicitada es de ocho años. La privación de libertad que se pide para los exconsejeros Antonio Fernández y Francisco Vallejo también es de ocho años. Mientras que la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se enfrenta a una petición de cárcel de seis años.

El juez instructor Álvaro Martín imputó en junio a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, a seis exconsejeros y a otros 18 ex altos cargos por prolongar la «ilicitud» del fondo de 855 millones de euros durante una década. La acusación de la Fiscalía en el caso de los ERE, que empezó a instruir en 2011 la juez Mercedes Alaya, afecta a 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, a los que acusa de un delito continuado de prevaricación, y a 18 de ellos además les imputa malversación continuada.

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, del que acusa a Chaves -presidente entre los años 1990 y 2009-, a Griñán, y a los exconsejeros Viera, Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.

A juicio de la Fiscalía, los encausados modificaron los presupuestos y usaron un mecanismo irregular, las denominadas transferencias de financiación, para pagar las ayudas. De este modo, buscaban evitar la labor fiscalizadora de la Intervención, que «entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas».

Los autores de la malversación responderán solidariamente de la devolución de la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden a 741.616.545 euros, según la Fiscalía.

De estos créditos, la Fiscalía considera que Griñán, que fue presidente andaluz entre 2009 y 2013, debe responder por los concedidos entre 2005 y 2010, que suman casi 484 millones de euros.

Entre los acusados por Anticorrupción hay, además, dos exviceconsejeros, tres directores generales -entre ellos Francisco Javier Guerrero-, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.

Arbitrariedad

Según la Fiscalía, debido a la ausencia de fiscalización de los fondos y la debida convocatoria pública de estas ayudas, se pusieron «en manos de la Consejería de Empleo, año tras año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno».

La Fiscalía explica que los reparos de la Intervención desde el año 2000 en la gestión de las ayudas sociolaborales de la Junta retrasó y cuestionó su pago, «lo que suponía un aumento de la conflictividad sociolaboral» en Andalucía.

Esta aplicación presupuestaria «permitía de manera consciente que los fondos públicos» para las ayudas sociolaborales «se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa», según la Fiscalía.

Los encausados «buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas, que se concedieron sin sujeción a procedimiento», sostiene Anticorrupción.

De esta forma, añade la Fiscalía, se privó «a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso» a las ayudas «por falta de publicidad», y se facilitó «que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas accedieran» a ellas.

Tampoco se fijaban «límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial, abonando campañas de publicidad, cursos de formación de voluntariado, etc».

La Fiscalía sostiene que la gestión de los fondos por los encausados pertenecientes a Empleo «era conocida por el resto de los encausados» por los informes de la Intervención desde el año 2002, "muy especialmente en el llamado «informe adicional» del ejercicio 2003 notificado en 2005.