María Núñez Bolaños, en una foto de archivo
María Núñez Bolaños, en una foto de archivo - EP

AndalucíaLos siete pecados capitales de la juez Núñez

La polémica instrucción de la juez de los ERE y su empecinamiento han provocado un motín de los fiscales Anticorrupción sin precedentes en la judicatura española

SevillaActualizado:

El texto que los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla han elevado al fiscal jefe de este departamento, Alejandro Luzón, denunciando actuaciones irregulares de la juez María Núñez Bolaños en la instrucción de las macrocausas no tiene precedentes en la judicatura española y pude suponer un punto de inflexión en los procesos que esta magistrada recibió hace cuatro años de la juez Mercedes Alaya.

El futuro de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que ha solicitado la baja laboral debido a problemas personales, depende ahora de la investigación abierta en el seno de la Fiscalía Anticorrupción y de una eventual intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero, ¿qué razones han motivado la protesta unánime de los fiscales? ¿Cómo se ha llegado a este punto inédito en la investigación de grandes causas en la Justicia española?

Independientemente de las posibles irregularidades en la instrucción de Núñez, que tendrán que ser evaluadas por los órganos de gestión de la judicatura, lo cierto es que el trabajo de la magistrada ha provocado numerosas polémicas. Estos son los siete puntos que se le han reprochado a la instructora de los ERE:

1. División de las macrocausas

Nada más llegar al juzgado de Instrucción número 6, Núñez decidió dividir la causa de los ERE en tantos casos como ayudas se habían aprobado en la Junta. Asumía así la metodología que habían solicitado desde un primer momento las defensas de los acusados y la propia Junta de Andalucía. Alaya siempre se había negado a ello al entender que el caso ERE no era una mera sucesión de expedientes irregulares, sino que había una estrategia política tras el fraude. La división del caso en decenas de procesos diluía la acusación y atomizaba la instrucción.

2. Lentitud en la instrucción

Los fiscales han advertido reiteradamente de la lentitud -«pasividad evidente», llegaron a señalar- con la que la juez ha instruido las causas, incluyendo continuas suspensiones y aplazamientos de declaraciones de los investigados. La Fiscalía Anticorrupción ya denunció, por ejemplo, que tras dos años y medio de instrucción del caso Avales «el avance en la investigación ha sido prácticamente inexistente».

3. Prescripción de delitos

La consecuencia directa de esta parsimonia procesal ha sido que numerosos casos han prescrito o están al borde de la prescripción. Sólo en el caso ERE, la más importante de las seis macrocausas que instruye Núñez Bolaños, la magistrada ha ordenado 35 archivos por prescripción de delitos, aunque muchos de estos autos han sido recurridos. La persecución del delito decae a los diez o quince años de su comisión, dependiendo de la tipología penal. Los fiscales han reprochado reiteradamente a la juez que no esté pendiente de este calendario, que puede dejar numerosos casos en nada.

4. Políticos exculpados

La magistrada ha ordenado la exculpación de ex altos cargos de la Junta y de beneficiarios de las ayudas ilegales incluso sin haberlo pedido los acusados, con el argumento de que era necesario agilizar la instrucción. Muchas de estas exculpaciones han sido posteriormente revocadas por la Audiencia. En la última, la exculpación del exdirector general Daniel Alberto Rivera en una de las piezas desgajada del caso ERE, la Audiencia reprochó a la juez los argumentos «erróneos» y «contradictorios, carentes de fundamento y de toda lógica procesal» que utilizó para justificar la exculpación. Una contundencia inusual en los escritos de la Audiencia.

5. Negación de delitos

La juez Núñez ha alegado varias veces que no ve delito alguno en las causas que instruye. Ocurrió con la causa de los avales de IDEA, cuando decretó su archivo señalando que «se han desvanecido uno por uno los indicios de delito». Igual ocurrió con el fraude de Formación, con 24 dirigentes socialistas de la Junta imputados, entre ellos el exconsejero Antonio Fernández. Núñez alegó que veía irregularidades administrativas, pero no delitos. Huelga decir que la Fiscalía Anticorrupción no comparte el criterio.

6. Oídos sordos a la Fiscalía y a la Audiencia

La magistrada no tramita los escritos que el Ministerio Público presenta solicitando la práctica de diligencias. Algunas de ellas, como en el caso Avales de IDEA, a pesar de que la propia Audiencia de Sevilla le hubiese ordenado por dos veces la práctica de las mismas. En muchos casos Núñez deniega las peticiones de la Fiscalía incluso sin contestarlas o motivarlas. Igual ocurre con la acusación particular, ejercida por el PP, con cuyos abogados mantiene un enfrentamiento abierto con cruce de ataques permanentes.

7. Enfrentamiento con la Guardia Civil

No sólo con la Fiscalía ha mantenido diferencias la juez de los ERE. Ha reprochado a la Guardia Civil errores en su investigación, como hizo en el caso de las ayudas a Fundaciones Caetano S.A. Por otra parte, se niega a remitir a la Unidad Central Operativa (UCO) y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) toda la información referente a avales concedidos a empresas andaluzas, tal y como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción. En lugar de hacerlo, decidió archivar la causa. Por otra parte, ha ordenado archivar piezas sin esperar a conocer el informe que estaba realizando la Guardia civil, como en el caso de los cursos de formación.