Andalucía
Los letrados de la Junta piden que Spiriman indemnice con 10.000 euros a Susana Díaz y Martín Blanco por injurias
Piden más castigo para el médico Jesús Candel que la Fiscalía y el juez accede a que declaren por videoconferencia
Los letrados de la Junta de Andalucía que representan a la expresidenta Susana Díaz y al viceconsejero de Salud Martín Blanco piden un castigo más duro que la Fiscalía en el juicio que se celebrará el 26 de junio contra el doctor granadino Jesús Candel , que está acusado de supuestos delitos de injurias y calumnias. La Administración autonómica reclama una indemnización de 5.000 euros para «cada uno de los perjudicados» (10.000 euros en total) por las descalificaciones vertidas por Spiriman, promotor de las movilizaciones contra la fusión hospitalaria de la Junta en Granada, a través de vídeos difundidos en las redes sociales.
El Ministerio Público sólo solicita que sea resarcida con 5.000 euros la actual diputada autonómica y secretaria general del PSOE andaluz, al considerarla como autoridad , pero no Martín Blanco, que ya no ocupa cargo públic0 ni cuando supuestamente habría sido injuriado.
Según recoge el auto del juez de Instrucción número 2 de Granada por el que abre juicio oral contra Candel, los letrados que facilita a Susana Díaz el Gabinete Jurídico de la Junta —órgano adscrito al consejero Elías Bendodo — piden imponer al médico por dos delitos continuados de injurias con publicidad dos penas de 17 meses y medio de multa a razón de 10 euros al día y sendas penas por las calumnias de 24 meses de multa a razón de 10 euros. La Fiscalía rebaja las penas a 12 y 24 meses con una cuota diaria de 9 euros sólo en lo que afecta a Susana Díaz.
El juicio se celebrará el 26 de junio . Tanto la expresidenta como el exviceconsejero de Salud declararán por videoconferencia.El magistrado del Juzgado de lo Penal número 6 de Granada, Sergio Romero Cobo, ha accedido a la petición de los letrados autonómicos para que ninguno de los dos tenga que desplazarse a la vista en Granada. Alegaron «perjuicios laborales y económicos derivados del desplazamiento de ambos, cuya residencia y obligaciones personales y profesionales se encuentran en Sevilla», según indica el juez, que justifica la decisión de dejarles declarar por videoconferencia como una medida para « evitar incomodidades, gravámenes y cargas ».
Así lo expone en un auto del pasado jueves por el que desestima el recurso presentado por la abogada de Spiriman. Su letrada, María del Carmen Castilla Gómez , alegó que se vulneraba el derecho de defensa de Candel porque «no son testigos sino acusaciones particulares» y tampoco se motivó por «razones de utilidad ni seguridad ni orden público» su ausencia en el juicio.
En un recurso con abundante munición jurídica, la defensa de Candel advierte de que «ambos actúan como acusación particular y parte, representados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, aun cuando esta parte entiende que Susana Díaz Pacheco debió personarse asistida por letrado y procurador de su confianza , nombrado por ella» y no costeado con fondos públicos. En lo que respecta a Martín Blanco, señala la letrada que «debió interponer querella al no gozar a fecha de comisión de los hechos de la condición de autoridad».
Asimismo, la abogada del doctor cuestiona que se les permita declarar por videoconferencia cuando Martín Blanco vive en Granada y Susana Díaz podría acudir a esta ciudad desde Sevilla. Cree que se vulnera el principio de contradicción y el de proporcionalidad al permitir a la parte que acusa «un medio que no le está permitido».
El juez, en cambio, rechaza el recurso y considera que «ninguna norma se ha vulnerado » y que tampoco se concreta los motivos o en qué medida se ve afectado el derecho de defensa por la declaración mediante videoconferencia.
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