IDEA, la agencia de la Junta de Andalucía encargada de impulsar la actividad económica, se ha convertido para decenas de emprendedores andaluces en sinónimo de todo lo contrario: un lastre que ha arruinado a sus empresas y aplastado la innovación . El denominador común de todos ellos es que recibieron hace años un préstamo participativo del programa Campus en condiciones ventajosas (con interés cero y dos años de carencia).
La agencia IDEA perseguía con este programa estimular el talento financiando en un 70 por ciento proyectos tecnológicos en una cuantía máxima de 200.000 euros . La paradoja es que la agencia que pagó sin ningún control previo de la Intervención las ayudas para ERE ha emprendido una ofensiva legal y judicial contra los beneficiarios de los incentivos a emprendedores que sí inventaron tecnología pionera que exportan, en muchos casos, al extranjero.
Años después, la Junta les reclama con hasta un 20% de interés , el dinero pagado tarde y mal tras endurecer las condiciones de justificación de los gastos, como reacción a los escándalos de corrupción que tienen su epicentro precisamente en la agencia IDEA.
Estos reintegros, que los afectados consideran «irregulares» e «injustos», son un efecto colateral del descontrol instalado durante años en el reparto de fondos públicos en el ente público. El anterior Gobierno de Susana Díaz tramitó hasta 111 expedientes de reintegro que, en algunos casos, han derivado en notificaciones de apremio y embargos de las cuentas y bienes de los administradores de las sociedades.
Unos cuarenta afectados han constituido la Plataforma de Afectados por las Ayudas de Innovación y Desarrollo de Andalucía para solicitar que se paralicen los expedientes de derivación de responsabilidad a los empresarios hasta que el nuevo Ejecutivo audite la agencia IDEA y su filial Invercaria. Denuncian la «inseguridad jurídica» que la propia Junta de Andalucía ha generado con sus impagos, su «nefasta gestión» del programa y oleada de reclamaciones. A su juicio, cambiaron las normas de los incentivos para recuperar a toda costa el dinero y «tapar las negligencias de los técnicos, servicios jurídicos o políticos».
Decenas de emprendedores han tenido que hacer frente a costosos procesos judiciales que podrían acarrear la pérdida de todos su bienes y abocar al cierre a sus negocios tecnológicos . La devolución de estos préstamos estaba condicionada a la marcha del negocio. Sin embargo, algunos de ellos echaron el candado después de haber invertido sus ahorros porque todo el préstamo concedido llegó tarde o nunca llegó.
