El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, durante un pleno celebrado este mandato
El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, durante un pleno celebrado este mandato - SUR
DENUNCIA DEL FISCAL

La Policía investiga al alcalde de Torremolinos por reducir la jornada a sus funcionarios

La Fiscalía denunció al socialista José Ortiz por quitar dos horas y media de trabajo a sus empleados «por cortesía»

MálagaActualizado:

El caso por el que se encuentra denunciado el alcalde de Torremolinos, el socialista José Ortiz, sigue su curso. Según ha podido saber este periódico, la titular del juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos ha solicitado al Grupo de Fraude de la Policía Nacional que lleve a cabo las diligencias pertinentes para indagar en torno a la denuncia presentada por el fiscal contra el regidor torremolinense.

La causa, que Ortiz podría haber incurrido en delitos contra la administración pública (en concreto de prevaricación y fraude o malversación de caudales públicos) al haber intentado conseguir la paz social en su ayuntamiento quitando unilateralmente media hora de trabajo diario a sus empleados «por cortesía».

El caso se remonta a principios de 2016. En plena efervescencia política por regresar a la jornada de 35 horas, el Ayuntamiento de esta ciudad de la Costa de Sol decidió flexibilizar horarios por su cuenta sin tener en cuenta la normativa estatal, que fijaba la jornada en en 37,5 horas semanales por mor de la crisis.

En ese momento, el alcalde y la concejala de Personal, Carmen García Bernal, decidieron que el millar de empleados públicos de Torremolinos trabajarían dos horas y media menos a la semana. Dictaron para ello que podrían entrar 15 minutos más tarde y abandonar su puesto 15 minutos más tarde de la hora establecida. Media hora diaria «de cortesía», según se afirmó entonces. Esta decisión se tomó sin pasar por pleno y sin que fuera publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

De otro lado, también pactaron con los sindicatos de policía local y bomberos unas compensaciones, dado que en ambos cuerpos es más complicado reducir la jornada. Así, llegaron a darse casos de empleados con hasta 14 días más de vacaciones al año, según el escrito del Ministerio Público. Asimismo, hubo funcionarios que cobraron horas extra para compensar que trabajaban la jornada estatal y legalmente establecida.

Un reparo del interventor motivó en junio de 2018 que la concejala de Personal enviara una circular anulando tanto el acuerdo como la decisión de trabajar menos. Incluso solicitaba a los funcionarios que recuperaran el tiempo trabajado de menos ese mes, so pena de ver reducidos sus salarios.

Pero el hecho de que durante un año y medio los empleados públicos hubiesen estado trabajando menos de lo legalmente establecido motivó la denuncia de un abogado ante la Fiscalía Anticorrupción que derivó en el proceso que hoy lleva el citado juzgado.

El Ministerio Fiscal pidió la investigación tanto del alcalde como de la edil de Personal por indicios de delito y ahora es la Policía Nacional quien indaga en torno a cómo se cocieron dichos acuerdos. El denunciante estimaba que el menoscabo a las arcas municipales por la decisión del equipo de gobierno podía superar los tres millones de euros.