Patrulla del Infoca durante las tareas de limpieza de Campillos
Patrulla del Infoca durante las tareas de limpieza de Campillos - Francis Silva
INUNDACIONES EN MÁLAGA

Los municipios afectados por las inundaciones piden a la Junta un plan especial de empleo

El Gobierno sigue sin hacer la declaración de «zona catastrófica» y ya son tres las localidades que mantienen encierros indefinidos

MálagaActualizado:

Antequera, Campillos, Teba, Alameda, Villanueva de Tapia o la entidad local autónoma de Bobadilla Estación solicitaron este pasado lunes a la Junta de Andalucía que apruebe, este martes, en el Consejo de Gobierno, un plan de empleo especial para los agricultores de la comarca afectados por las graves inundaciones del pasado 20 y 21 de octubre. La propuesta salió de una reunión de alcaldes en Antequera. Se pusieron las exigencias en común, para afrontar la precaria situación que han dejado las lluvias torrenciales en una zona con una economía agrícola. Los regidores argumentan que muchas explotaciones están inoperables y señalan que esto repercutirá en la actividad económica de las localidades afectadas.

Campillos, la «zona cero» de la «tragedia», pidió la declaración de «zona de emergencia social» en el próximo Consejo de Ministros. El alcalde de este municipio, Francisco Guerrero, apuntó que «merecen una especial atención», después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no aprobara medidas el pasado viernes en Sevilla y calificó lo vivido de «una tragedia de carácter humano». Relató como una gran empresa de Campillos ha perdido más de 100.000 pavos ahogados, como un pequeño proveedor tenía 10.000 pavos muertos o como la única granja activa en la actualidad tiene problemas de acceso porque el camino está «destrozado».

El regidor de Campillos temió por la campaña de la aceituna, «que pende de un hilo». «Va a suponer una pérdida importante de empleo», dijo Guerrero, como justificación para pedir un plan especial de empleo a la Junta de Andalucía, que hasta el momento sólo tiene pensado aprobar este martes una declaración de obras de emergencia por valor de 6,4 millones de euros en las carreteras afectadas de Málaga y Sevilla.

«Respuesta adecuada»

Pese a esta decisión y a que no se sabe de las medidas del Ejecutivo Central, el PSOE andaluz achacó la presión de los pueblos afectados al «nerviosismo» tras lo ocurrido. Juan Cornejo, secretario de Organización socialista en Andalucía, aseguró este lunes que «habrá una respuesta adecuada para recuperar, paliar y compensar los daños que se han producido en estructuras, servicios públicos o caminos».

Las demandas a la Junta se hacen en paralelo con las del Gobierno de España. Los alcaldes de los municipios afectados piden que se retire la exigencia de las peonadas para poder solicitar el subsidio agrario. «Existe intranquilidad en el tejido productivo y en la población», remarcó el alcalde Teba, Cristóbal Miguel Corral. «Prevemos problemáticas relativas al empleo, este año va a ser muy extraordinario y tiene que haber políticas extraordinarias», espetó Corral como justificación. Este requerimiento de medidas lo secunda José María González, regidor de Sierra de Yeguas.

«Desastre natural»

A la supresión de las 35 peonadas se suman también Ardales, Cañete la Real, Carratraca y Humilladero. «Hemos atravesado una situación nunca jamás vista en la historia de esta comarca», abundó Manuel Barón, alcalde de Antequera, que quiso además apoyar los encierros indefinidos que se están llevando a cabo en Campillos y Teba, ambos gobernados por Izquierda Unida, para exigir a Gobierno y Junta medidas para salir de la grave situación en la que se encuentran estos pueblos. Protestas a las que se sumó el lunes La Roda en Sevilla, también de izquierda Unida, para pedir la declaración de «zona catastrófica».

«La administración debe cumplir con su función pública», espetó el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, que catalogó la situación de «desastre natural». «Siete días después siguen contactando con nosotros asociados que aseguran que conforme van entrando en sus explotaciones son mayores los daños que se encuentran», recordó Bellido, que reclamó a los gobiernos de Pedro Sánchez y Susana Díaz, que «no quede todo en una declaración de intenciones».

El retraso en la declaración de «zona catastrófica» no debe prolongarse, según la patronal agraria, una vez acabada la evaluación de daños, que multiplica los 30 millones iniciales que el Consorcio de Seguros del Ministerio de Economía hizo para los 33 municipios afectados en Málaga. Campillos contabiliza más 40 millones y Teba está por encima de los 15 millones. «Debería ser suficiente para realizar esta declaración, dejando atrás cualquier disputa política o calendario electoral», sentenció el presidente de Asaja en Málaga.