IRREGULARIDADES

El interventor de Manilva denuncia nuevas irregularidades en las contrataciones de empresas

El documento del funcionario detalla facturas sin concepto, obras sin proyecto, contrataciones a sobre abierto o repetición de empresas en las obras menores

Mario Jiménez en su toma de posesión SUR

J.J. MADUEÑO

Manilva no destierra la sombra de los favoritismos en la política municipal. El último en elevar la voz es el interventor municipal, José Ángel Sebastián Navarro, que en un informe firmado el pasado 20 de noviembre, denuncia nuevas irregularidades por parte del equipo de gobierno en la contratación de empresas en el ejercicio 2017. El funcionario explica que «siguen existiendo contrataciones menores en que los presupuestos no vienen en sobres cerrados y no son abiertos por la mesa de contratos menores». A esto Sebastián Navarro añade en su documento que las obras contratadas «carecen de proyecto». «Impide la fiscalización de los expedientes», lamenta el interventor

El funcionario lamenta que haya proveedores que «repetidamente son contratados por el Ayuntamiento» a través de acuerdos menores a 3.000 euros, «dejando las facturas entorno a los 2.999 euros en muchos casos y ocultando realmente la existencia de una relación contractual continuada sin haber mediado contrato adjudicado, conforme a las normas de contratación pública». El interventor detalla proveedores con saldos cercanos a los 50.000 euros y otros que superan los 120.000 euros durante el 2017 con esta fórmula. Sebastián Navarro avisa de que «resulta sospechoso» y añade que «es una práctica prohibida» .

No es la única queja. Al no existir proyecto de obra «los materiales de construcción resulta imposible controlar a qué actuación se imputan». Según el funcionario, esto también ocurre por «la poca información que los proveedores facilitan en sus facturas». «Los conceptos de muchas facturas no aclaran la prestación realizada por el proveedor », remarca Sebastián Navarro, que avisa al equipo de gobierno que debe ser la persona que haya encargado la prestación del servicio la que tiene que «exigir la aclaración del concepto antes de conformar factura».

Son viejos fantasmas. El pasado octubre la fiscalía pidió dos años de cárcel para el actual alcalde, Mario Jiménez, por permitir que el Ayuntamiento contratara a empresas de familiares. La fiscalía le situó como «cooperador necesario» en los hechos imputados a la exalcaldesa Antonia Muñoz (IU), cuyo escándalo de enchufismo y contratación de empresas familiares explotó en 2013. La petición de la fiscalía llegó un mes antes de que se cumpliera un año de la moción de censura que llevó a Jiménez a la Alcaldía con el apoyo de sus excompañeros de IU.

Por otro lado, el Ministerio Público ya pidió para el actual alcalde cuatro años de prisión por el caso «Manilva III» . El fiscal le acusó de un presunto delito de malversación de caudales públicos por los pagos realizados por el Ayuntamiento a la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Complejo Residencial El Hacho.

Tras explotar el «caso Manilva» en 2013, Antonia Muñoz y su gente de confianza abandonaron Izquierda Unida. Fundaron Compromiso Manilva, que concurrió a las elecciones de 2015 con Mario Jiménez como segundo de abordo. Y tras 17 meses de gobierno, Izquierda Unida cambió el apoyo del PSOE a Compromiso para hacer a Mario Jiménez alcalde del municipio . El equipo de gobierno sumaría al PP el pasado agosto y dejó al PSOE de David José Jiménez, al que la fiscalía pide levantar la imputación en el caso de enchufismo, como única oposición.

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