El PP advierte de que la subida del salario mínimo pone en peligro planes de empleo de la Junta

El presidente del consejo de gobiernos locales del PP de Jaén y alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho , ha advertido de que la subida del salario mínimo interprofesional decretada por el Gobierno central dificultará la aprobación de planes de empleo autonómicos. Y esto porque, cuando Susana Díaz era presidenta autonómica, su gobierno prohibió la cofinanciación de los ayuntamientos.

La herencia que ha dejado el PSOE en la Junta de Andalucía en este apartado consiste en obstaculizar el camino emprendido por las administraciones locales para propiciar la generación de puestos de trabajo, según Camacho, para quien estas trabas son apuntuladas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , a cuyo ejecutivo ha calificado de «inepto» y de tener «un corto alcance de miras».

El dirigente del PP ha explicado que el nuevo programa de contratación establece una cuantía de 1.300 euros por trabajador de diversos grupos de cotización. «Una cifra claramente insuficiente» si se tiene en cuenta que el salario mínimo es de 900 euros. Al que hay que sumar la parte proporcional de pagas extra (150 euros), la indemnización mensual (30 euros), la cuota del trabajador (37,80 euros) y la seguridad social (396,90 euros).

La suma total por trabajador asciende a 1.476,90 euros , ha resaltado Luis María Camacho, quien ha aludido al obstáculo que supone la negativa del anterior Gobierno andaluz a permitir librar dinero para este objetivo: «La imposibilidad de cofinanciar impuesta inexplicablemente a los ayuntamientos no permite cubrir los 176,90 euros en que se sobrepasa lo asignado».

Además, el alcalde de Bailén ha expuesto que en años anteriores el período inferior de contratación era de 3 meses, mientras que con el nuevo programa es de 6 meses, «no permitiendo a los ayuntamientos acceder al total de la ayuda establecida para cada uno de ellos».

Ante esta situación, el presidente del consejo de gobiernos locales ha aclarado que los alcaldes se encuentran ante una disyuntiva compleja: renunciar a la ejecución de los planes de empleo, «lo cual sería una auténtica barbaridad », o modificar la norma de tal manera que se permita la cofinanciación para evitar el sobrecoste a las arcas municipales.

Camacho ha puntualizado que, aunque la segunda opción es «la más lógica», aplicarla supondría «un gran retraso », dado que obliga a reformular el conjunto de las solicitudes. «Solo espero que no vengan ahora los socialistas a echarnos a nosotros la culpa de este despropósito», ha expuesto Camacho, ya que, según ha pronosticado, «no sería de extrañar que todos los problemas que vayan surgiendo a partir de ahora por culpa de la nefasta gestión de la señora Díaz pretendan achacarla al PP».