Casi 18.000 jiennenses no beben agua potable del grifo desde hace 5 días por un compuesto cancerígeno

Cerca de 18.000 habitantes de 13 poblaciones de la comarca de El Condado no ingieren agua potable del grifo desde hace 5 días por la presencia en la misma de trihalometano, un compuesto cancerígeno derivado de una reacción química. Los vecinos se abastecen con camiones cisterna fletados por la empresa Somajasa, en tanto que la labor para eliminar el elemento tóxico la lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que realiza constantes análisis del agua, según ha asegurado la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño .

La subdelegada, que no ha fijado una fecha concreta para el retorno del abastecimiento humano, ha expuesto que la CHG llevado a cabo la limpieza de los conductos de carga en alta, cuya antigüedad es un escollo, como también lo es que la calidad del agua proveniente del pantano del Dañador no sea tan buena como la de otros embalses de abastecimiento, como el Guadalmena y el Quiebrajano, dada la mayor presencia de materia orgánica y de restos sólidos.

A lo que hay que añadir que el elevado consumo estival de agua para piscinas obstruye los filtros y, en consecuencia, enturbia el agua que desemboca en las tuberías principales. Circunstancia que, unida a la presencia de cloro, produce, según la subdelegada, una serie de reacciones químicas que explican el aumento del nivel del compuesto tóxico. Al respecto, asegura que en la potabilizadora el agua registra un correcto nivel de trihalometano, que aumenta en la conducción.

Hasta tanto se resuelve el problema, la Junta de Andalucía ha ordenado a la empresa que gestiona el suministro que comunice a las poblaciones las características del agua en relación con el parámetro alterado y su prohibición de consumo directo o para preparar alimentos. Además, fija análisis semanales de trihalometanos . Los lunes los lleva a cabo Somajasa y los jueves Joca ingeniería y Construcciones, empresa gestora de la planta de tratamiento de la zona de abastecimiento. Ordena además que suministren agua apta para el consumo humano a los vecinos y que informen a la Junta de las medidas correctoras.

Por su parte, Ayuntamientos de poblaciones afectadas sopesan exigir responsabilidades por la vía jurídica por los perjuicios que ha ocasionado la prohibición del consumo decretada por la Junta de Andalucía por el riesgo para la salud. Así, Gabriel González, alcalde de Castellar, uno de los municipios perjudicados, advierte de que su consistorio actuará en consecuencia. El regidor resalta al respecto que, lamentablemente, persiste el problema, por lo que los servicios jurídicos no analizarán las causas y consecuencias de la situación hasta que se normalice el nivel de trihalometano en el agua.