El supuesto mediador del caso Aljaraque pide declarar de nuevo

Cambio de estrategia en la representación legal de uno de los investigados en la causa abierta en Huelva por delitos de cohecho y tráfico de influencias vinculados al presunto soborno a dos ediles de Sí Se Puede Aljaraque para que dieran marcha atrás en la moción de censura que firmaron con el PP (hace ahora un año) para desbancar al PSOE del Gobierno local en el municipio onubense.

El supuesto acuerdo para abortar la moción de censura y mantener el gobierno PSOE-IU en el Ayuntamiento llevaba parejo presuntamente un puesto de trabajo en la empresa Aguas de Huelva para la mujer de uno de los concejales, Francisco Martín, y la entrada del segundo, Pedro Escalante, en el equipo de gobierno con una concejalía.

Casi un mes después de que la instructora abriera la ronda de declaraciones, tanto de investigados como de testigos, el hombre que medió supuestamente en la oferta, el sindicalista José Luis Rodríguez, que, según la denuncia que motivó la investigación, se presentó como «enviado político en representación del PSOE por Ignacio Caraballo» , secretario general del partido y presidente de la Diputación, volverá a pasar por el Instrucción 1 de Huelva, encargado del caso.

En esta segunda ocasión lo hará a petición propia, según ha podido confirmar ABC, para romper el silencio que ha mantenido hasta ahora. A comienzos de noviembre, cuando fue citado por el juzgado en calidad de investigado, Rodríguez se acogió a su derecho a no declarar en su comparecencia –al igual que hicieron los dos concejales de la formación morada—. Ahora, cuando ya han comparecido todos los investigados, incluidos el máximo responsable del PSOE onubense, la responsable de Adecco y un directivo de Recursos Humanos de Aguas de Huelva, además de una amplia lista de testigos, el comisionista ha solicitado una nueva declaración, que se llevará a efecto en la tercera semana de diciembre y que deja ver un cambio de estrategia.

En las grabaciones que obran en el expediente judicial, realizadas por el denunciante, de las conversaciones que mantuvo con los implicados en el presunto soborno durante las negociaciones del acuerdo (a comienzos de año), el representante de CCOO llega a admitir las consecuencias que tendría el pacto . «Qué vas a firmar ni firmar…es que metes a alguien en la cárcel, esto no se puede. Se hace una ilegalidad, es que es un delito, qué vas a firmar (repite)… Hay cuestiones que tú sabes que hay que confiar», contesta a un interlocutor cuando le pregunta si se han firmado las condiciones.

En otra conversación, Rodríguez dice que hay que transmitir tranquilidad al concejal al que se ha prometido colocar a su mujer en Aguas de Huelva. «Esto está todo hecho, no se tiene que preocupar… lo que ocurre es que estas cosas hay que vestirlas. Lo que no quiero –continúa— es que aparezca una conexión entre una cosa y la otra porque entonces vais a a quedar como unos golfos que habéis hecho las cosas por dinero».