URBANISMO
Reclaman a la Junta de Andalucía 196 millones en los tribunales por anular el complejo turístico Costa Doñana
Los propietarios de 700 hectáreas recuerdan las implicaciones de la sentencia del Caso Nevada y exigen que se les permuten los suelos o se les indemnice
Los dueños de las 700 hectáreas entre Matalascañas y Mazagón en las que se proyectó el complejo turístico Costa Doñana han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para exigir que se ejecute el acuerdo de permuta de suelos que firmaron ambas partes en 1993 para compensarles con terrenos públicos por la imposibilidad de ejecutar esa inversión en un suelo que fue urbanizable antes de que se cambiara su calificación para protegerlos por su proximidad al Parque Natural del Entorno de Doñana.
Los propietarios del suelo recuerdan al consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal, de las implicaciones de la sentencia del caso del centro comercial Nevada de Granada-confirmada en 2018 por el Supremo-, que condenó a la Junta a pagar 196 millones de euros al empresario Tomás Olivo por daños emergentes y lucro cesante por los ochos años de paralización de las obras de ese centro comercial. «Nos remitimos a las consideraciones que se contienen en la sentencia del famoso caso Nevada de Granada, en cuanto a retrotraerse a la situación inicial que tuvo el suelo», advierten representantes jurídicos de los propietarios del suelo de Cosa Doñana.
Las empresas Cosa Doñana, Duna Playa y Financiación Básica -propietarias del suelo donde fueron proyectadas 32.000 plazas turísticas en el complejo Costa Doñana- piden a la Junta que si no se ejecuta el acuerdo de permuta de los suelos de 1993 que se les indemnice por no poder construir en unos terrenos se extienden a lo largo de 7 kilómetros del litoral y que fueron valorados por la propia Administración autonómica en 60 millones de euros, como se reflejan en numerosos periódicos.
Dos frentes judiciales
Los dueños de los terrenos tienen ahora dos frentes judiciales abiertos. El primero deriva del recurso contencioso administrativo que presentaron en 2011 en el TSJA solicitando que se condenara a la Junta a entregarles los terrenos prometidos en 1993 en el acuerdo de permuta de suelos y, al mismo tiempo, se condenara a la Administración autonómica a abonarles 196 millones en concepto de daños y perjuicios por no haber podido ejecutar el proyecto Costa Doñana en unos suelos que llegaron a tener la calificación de suelo programado urbanizable. S in entrar en el fondo de la cuestión , el TSJA no admitió ese recurso por defecto de forma, a pesar de lo cual los propietarios recurrieron al Supremo.
Mientras el Supremo decide al respecto, los propietarios iniciaron en 2016 un nuevo proceso judicial de la mano del prestigioso catedrático de Derecho Administrativo Alfonso Pérez Moreno en el TSJA y presentaron otro recurso para pedir la permuta de los suelos y, en caso de no producirse, que se les indemnice, sin cifrar la cuantía a la que tendrían derecho.
«El daño -dice el recurso- se produjo cuando la Administración paró en seco el desarrollo urbanístico de unos terrenos que eran urbanizables programados, y luego los incluyó en el Parque Natural del Entorno de Doñana, evitando su transformación» y después «generó las expectativas de que con las permutas repararía el daño causado, y no ha cumplido con sus compromisos. Por ello, si no es capaz de cumplir con sus obligaciones y buscar suelos para realizar las permutas comprometidas, habrá que pensar entonces una indemnización», aunque aclaran los dueños que ese no es el objetivo prioritario del segundo procedimiento judicial iniciado.
La Junta se desmarca
A preguntas de ABC sobre la permuta que exigen los dueños de suelos de Costa Doñana, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta mantiene que «los protocolos suscritos en esos años no son vinculantes, pues sólo regulaban el estudio del interés para la Administración pública de efectuar estas permutas, por lo que no ha incumplido ningún compromiso. En primera instancia, los tribunales han dado la razón a la Junta, considerando que lo firmado en 1993 era un protocolo de intenciones sin que contuviese obligaciones jurídicamente exigibles o vinculantes. Los propietarios recurrieron a instancias superiores y continúa pendiente de resolución».
Sin embargo, la Junta obvia que sí realizó parte de la permuta de esos suelos en 1997 , «fruto del mismo protocolo que ahora la Administración no quiere cumplir», alegan los dueños del suelo de Costa Doñana. En la contestación a la demanda, la Junta argumentó qu e el entonces presidente de la Agencia de Medio Ambiente, Fernando Martínez Salcedo, no tenía competencias para generar esas obligaciones para la Administración, a pesar de ser un ente instrumental de la Junta.
Suelos forestales
Sobre los casi 200 millones de euros que los propietarios piden en concepto de daños y perjuicios por no haber podido construir Costa Doñana, la Junta indica que «es un proceso judicial que corresponde resolver a los tribunales. Esos terrenos cambiaron la calificación ambiental que le otorgan a los suelos de la finca el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana». El Gobierno andaluz insiste: esos suelos son forestales, aunque en el Registro de la Propiedad indique que son urbanizables.
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