La Junta quiere quedarse los terrenos de Costa Doñana por cuatro millones de euros
Los propietarios exigen 20 millones porque dicen que no son forestales, sino urbanizables
La Junta de Andalucía quiere quedarse con las 700 hectáreas donde se proyectó e l frustrado complejo turístico Costa Doñana, entre Matalascañas y Mazagón, unos suelos que incluyen siete kilómetros de litoral y que ya forman parte del parque natural de Doñana. La Junta mantiene negociaciones con los dueños de la finca El Asperillo después de que el Ayuntamiento de Almonte anulara la recalificación de esos suelos para impedir que se urbanizaran y tras la negativa de la propia Administración autonomica a cumplir el acuerdo de permuta de esas 700 hectáreas por otras 1.400 hectáreas en Almonte y Moguer.
El único escollo que se plantea para llegar a un acuerdo es el valor que cada parte asigna a esas 700 hectáreas. Mientras que la Junta estima que no valen más de 4 millones de euros porque -dice- se trata de suelos forestales, los propietarios de los terrenos alegan que su calificación urbanística es «urbanizabe» y que su valor es de 50 millones de euros.
El economista José Ángel García y el abogado Rogelio Vázquez, representantes de Salvador Echevarría , dueño de Costa Doñana, han sido los encargados de llevar a cabo esas negociaciones por parte de la propiedad. En 2012, el entonces director del Espacio Natural Doñana, Juan Carlos Rubio, informó favorablemente de la compra de la finca El Asperillo por tener «un excepcional valor ecológico».
El lince y el águila
El informe indicaba que la finca se encuentra en una de las áreas más importantes del mundo para la conservación del lince ibérico, ya que se trata de un terreno de campeo para la población de esta especie en el Espacio Natural de Doñana, además de ser una zona de expansión del águila imperal ibérica
Con ese informe, la delegación de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva remitió a los dueños a culiminar las negociaciones con los servicios centrales. «En Sevilla no nos recibían ni nos permitían acceder a documentos del expediente. Tuvimos que recurrir al Defensor del Pueblo y gracias a su mediación nos recibió el viceconsejero, José Luis Hernández de Garijo , quien finalmente nos dijo que estaban interesados en adquirir los suelos», indican las mismas fuentes.
En enero de 2016, Costa Doñana -una de las tres empresas propietarias del suelo- ofreció a la Junta la posibilidad «de un arreglo amistoso» si fijaba su valor suelos en 50 millones de euros, que fue la cantidad en que valoró públicamente el Gobierno autonómico los terrenos en 1994.
Tras negociaciones infructuosas, en julio pasado, los dueños de los suelos volvieron a hacer una nueva oferta en julio pasado: «la valoración de la finca tendría que encontrarse dentro de una horquilla de entre 17 y 20 millones de euros , lo que supone rebajar las pretensiones iniciales en un 60%».
Por su parte, la Junta de Andalucía admite que «efectivamente se han mantenido diversas reuniones en las que no se ha adquirido compromiso alguno. Como administración pública, ante las distintas peticiones de reuniones por parte de los representantes legales de estos propietarios de la finca, y teniendo en cuenta que hay una demanda en el Supremo pendiente de resolver por el cambio de calificación de los terrenos de urbanizables a forestales, hemos concertado estos encuentros, escuchado sus propuestas y expuesto la postura de la Junta de Andalucía, siempre en el marco de la legalidad vigente y aras del interés general de la comunidad autónoma, como garantes de la gestión del patrimonio público».
Permuta, no adquisición
La Consejería de Medio Ambiente, al frente de la cual está José Fiscal , asegura que «siempre ha propuesto como única posibilidad la permuta de los terrenos para su adquisición, no la compra». Sin embargo, «desde la consejería se aclaró que se trataba de terrenos forestales, por lo que la valoración de los mismos era sustancialmente distinta» a la hecha por los propietarios.
La Junta dice que al no contar con presupuesto para realizar una compra de estas característic as, se optó por estudiar la opción de la permuta por otros terrenos de la misma calificación forestal en otro lugar que pudiera ser de interés para estos propietarios. «La valoración de los mismos se ha efectuado con arreglo a los criterios administrativos que contempla el ordenamiento jurídico. Se llevó a cabo por técnicos de la Consejería y por el equipo del Espacio Natural de Doñana. Se estimó en un valor en torno a 4 millones de euros. Todo ello para, caso de alcanzar un acuerdo en la valoración, poder afrontar una posible permuta por otro terreno forestal que cubriese ese valor».
Los dueños han rechazado la oferta de la Junta, que verbalmente cambió su última valoración elevándola a seis millones de euros, indican las mismas fuentes «No se puede valorar la finca como forestal, ignorándose que era un suelo urbanizable programado y que además cuenta con especiales circunstancias medioambientales», alegan los representantes de Salvador Echevarría, quien exige la permuta de las 700 hectáreas por suelos en los que pueda construir o por una finca rural, «en ningún caso por otra finca forestal».
Acuerdo amistoso o tribunales
Si no hay acuerdo amistoso, los propietarios anuncian que acudirán a los tribunales « y si se pronuncian en el mismo sentido que en el del centro comercial Nevada , en el que el Supremo condenó a la Junta a pagar 165 millones de euros al promotor, sería difícilmente explicable para la Administración actual justificar que lo que se puedo arreglar en menos direno le cuesta a las arcas públicas tres o cuatro veces más».
