Caso Aljaraque
La juez ve indicios de cohecho en la participación del líder del PSOE de Huelva en el presunto soborno
La Fiscalía se opone a los recursos presentados por los cinco investigados en la causa contra el auto de la instructora para continuar el procedimiento por el tribunal del jurado
La Fiscalía de Huelva ha rechazado, uno a uno, los recursos presentados por los cinco investigados en el presunto soborno de Aljaraque para tratar de que se sobresea el procedimiento judicial -abierto a comienzos de 2017-, tras la presunta compra de voluntades de dos concejales que Sí se Puede para que dieran marcha atrás en la moción de censura pactada con el PP – a cambio de un puesto de trabajo para la mujer de uno de los ediles- y poder así mantener el gobierno local en manos de PSOE e IU.
En la respuesta a los recursos ante la instructora, que ordenó en un auto continuar el procedimiento por tribunal del jurado , el fiscal rebate el argumento de ausencia de indicios de participación en el caso alegado por la representación legal del presidente de la Diputación de Huelva y secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo .
«Se ha cumplido por la instructora ( María José Fernández ) lo exigido para garantizar la tutela judicial efectiva» y «se mantiene para el recurrente la condición de investigado, teniendo en cuenta el estado de la causa, donde constan indicios de su participación en los hechos constitutivos de delito de cohecho », se afirma en el escrito de la acusación pública al que ha tenido acceso ABC.
En la lista de implicados en el presunto soborno figuran además los dos concejales de la formación morada en Aljaraque, Pedro Escalante y Francisco Martín ; José Luis Rodríguez , representante de CC.OO., y J.M.M.R., director de Recursos Humanos de la empresa Aguas de Huelva , cuyas implicaciones ve el fiscal de la causa, Alfredo Flores , mayores indicios.
En todos los casos, la Fiscalía no observa el delito de tráfico de influencias por el que también se ha seguido la investigación judicial a raíz de la denuncia de un asesor de la formación morada por la presunta compra de los ediles Escalante y Martín.
La Fiscalía destaca que la base de la imputación de los investigados no es que el contrato de la mujer de Martín (que entró a trabajar en la empresa de aguas) fuera legítimo. «Lo que se cuestiona – subraya en su escrito- es que con el conocimiento de que dicha contratación fuera posible o incluso inminente se utilizase dicha información en el ámbito de la negociación dirigida por Rodríguez para dejar sin efecto la moción de censura con el fin de torcer la voluntad de los dos concejales de Sí se Puede Aljaraque y conseguir de ellos algo lícito en sus fines (retirar la moción) pero no en sus medios (a cambio de un trabajo)».
Ante esta situación, considera el fiscal considera necesario continuar investigando para poder concretar o descartar «una intervención relevante» del líder del PSOE onubense.
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