Condenan a una empresa agrícola de Huelva por «piratear arándanos»

Una entidad productora de fruta de arándanos de la provincia de Huelva ha sido condenada por de un delito contra la propiedad industrial por explotar -sin autorización- y multiplicar una variedad de arándanos , cuya propiedad pertenece a la Universidad de Florida y se encuentra licenciada a la empresa Rústicas del Guadalquivir.

La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por Geslive ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva, después de comprobar que la sociedad ahora condenada había obtenido material vegetal de origen desconocido y procedido a su reproducción hasta conformar una plantación de 1.475 plantas destinadas a la producción de la referida variedad de arándanos , denominada Snowchaser.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ayamonte, contra la que no cabe recurso según indicó Geslive, condena a la entidad al pago de una multa de 4.128 euros, así como arrancar y destruir las 1.475 plantas de esta variedad vegetal. Se trata de la segunda condena por el mismo delito dictada por un juzgado en Huelva en el último año, después de que fuera condenado otro agricultor del término de Lepe por plantar la misma variedad sin autorización.

Los últimos datos anuales confirmados respecto a la reproducción ilegal de variedades vegetales, correspondientes al ejercicio 2016, ponen de manifiesto que el 53% de los viveros inspeccionados por las fuerzas policiales trabajaba de forma clandestina , sin autorización para reproducirlas.

El «pirateo» de variedades vegetales protegidas de frutal «es un delito penado por la ley como evidencia esta sentencia y constituye además un grave problema en las zonas frutícolas españolas como es el caso de la provincia de Huelva», subraya Geslive.

El fraude masivo, agregó, tiene « graves consecuencias » no sólo para los obtentores de nuevas variedades vegetales, «a los que se están causando pérdidas multimillonarias cada año, sino también para todo el sector en tanto que supone «una competencia desleal para la mayor parte de los productores que se esfuerza responsablemente por respetar la ley».

Las penas impuestas por el «pirateo vegetal»no sólo pueden comprender la imposición de multas pecuniarias, sino también la suspensión de su actividad comercial, indica la empresa, la clausura de instalaciones, la imposibilidad de recibir subvenciones y ayudas públicas y de gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, e incluso la disolución de la sociedad.