Servicios sociales

Casi 3.000 personas esperan en Huelva ser evaluadas para la Ley de dependencia

A los onubenses que están fuera de las estadísticas, se suman otros 4.576 que tienen pendiente que se les realice un plan individual

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales ABC

M.R.F.

El informe sobre el estado de la situación de la dependencia en Andalucía revela que en la provincia de Huelva un total de 7.397 personas engrosan la lista de espera para recibir la dependencia, y que 417 onubenses valorados con Grado III «no están recibiendo ningún recurso pese a precisar de una atención continuada e inmediata».

Así lo ha concretado hoy la consejera de Igualdad , Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz , durante una visita institucional a la delegación en Huelva, donde ha concretado que 2.821 onubenses no aparecen en las estadísticas oficiales que se publican con periodicidad mensual, de forma que están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia, cifra que en la comunidad es de 34.373 personas.

El referido documento cifra en 4.576 las personas que están pendientes en Huelva de que se les realice un Plan Individual de Atención (PIA) -en Andalucía la cifra se eleva a 75.097-, para poder recibir una prestación económica, o acceder a algún servicio del catálogo, como atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio o teleasistencia.

«A estas solicitudes –ha manifestado- debemos añadir a aquellas que se encuentran en un limbo , personas que han presentado su solicitud en papel en los servicios sociales comunitarios y que ni siquiera están grabadas en el sistema y no aparecen en ningún sitio».

La Junta va a poner en marcha un plan de choque en materia de dependencia contará con 77 millones , con el objetivo de incorporar al sistema de forma gradual a las 109.470 personas que están pendientes de ser llamadas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Andalucía .

En el paquete de medidas que se contemplan figuran la digitalización para avanzar hacia el procedimiento electrónico; facilitar la interoperabilidad con otros sistemas que tengan relación con la dependencia; revisar los criterios de gestión y los protocolos de actuación, y mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario.

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