Tenía a dos inmigrantes en una nave sin agua potable de Granada

El empresario ha sido expedientado por la situación de los trabajadores y además las autoridades identificaron un tercer empleado que tenía una reclamación judicial en vigor

Una agente de la Policía Nacional ABC

ABC

Un empresario ha sido expedientado por tener contratados a dos inmigrantes en situación irregular en España en una nave sin agua dedicada al reciclaje de ropa en un polígono industrial del cinturón de Granada, donde también ha sido detenido un tercer trabajador que tenía una reclamación judicial en vigor.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los dos trabajadores que se encontraban en situación irregular en España carecían del «preceptivo permiso de trabajo», por lo que se les han abierto sendos expedientes , mientras que la orden de detención que pesaba por el tercero había sido dictada por un juzgado de Granada.

La operación se llevó a cabo el pasado mes de agosto y el empresario ha sido investigado por la contratación de los dos trabajadores en situación irregular abriéndosele «expedientes por no dar de alta a los empleados, así como por infracciones en materia de riesgos laborales».

En el momento de los hechos la nave «carecía de suministro de agua potable» y, en ciertas estancias, de luz eléctrica, presentando, a su vez, «un estado de insalubridad evidente» . Había falta de medidas de seguridad o las existentes estaban «inutilizadas».

Se encontraban trabajando en el interior de la nave de reciclado de ropa cuatro personas que realizaban distintas tareas , encontrándose entre ellos el empresario.

Esta investigación se produce en el marco de un convenio de colaboración de los Ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, con la participación de agentes de la Policía Nacional de la Brigada de Provincial de Extranjería y Fronteras junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Estas actuaciones se llevan a cabo con el fin de «prevenir situaciones de dominio de los empleadores sobre los trabajadores que puedan llevar a la pérdida de su capacidad de disponer libremente de su propia persona y bienes, así como evitar la explotación laboral y garantizar los derechos tanto a trabajadores nacionales como extranjeros».

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