María Francés y Juan Antonio Fuentes, dos de los concejales encausados
María Francés y Juan Antonio Fuentes, dos de los concejales encausados - ABC
CASO SERRALLO

La Audiencia deja a un paso del banquillo a los ediles del PP de Granada

El tribunal ratifica el procesamiento de nueve concejales y exconcejales por supuesta prevaricación en el caso Serrallo

GranadaActualizado:

La Audiencia Provincial de Granada ha desestimado los recursos presentado por los ediles del grupo municipal del PP en la capital por su imputación en el caso Serrallo. El auto, al que ha tenido acceso ABC, ha sido emitido este miércoles, apenas dos días después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada diera por concluida la investigación del caso Serrallo y procesara a 17 personas, entre las que se encuentran el exalcalde, José Torres Hurtado, y un total de nueve ediles populares, seis de los cuales permanecen en activo.

Se trata de los concejales Juan Antonio Fuentes, María Francés, Telesfora Ruiz, Juan García Montero, Francisco Ledesma y Fernando Egea. También han sido procesados los exediles Vicente Aguilera y Juan Antonio Mérida, además de la que fuera delegada de Urbanismo, Isabel Nieto, cuya situación procesal es más grave. Todos ellos votaron en la junta de gobierno local a favor del expediente investigado en el caso Serrallo por la construcción de una discoteca en un terreno destinado a otros usos.

La instructora del caso Serrallo considera que los miembros de la junta de gobierno local tienen que estar debidamente informados de lo que votan, en contra de lo que declararon en sede judicial algunos de los acusados, mientras que otros se han amparado en los informes técnicos de Urbanismo –que avalaban la tramitación del expediente– para justificar el sentido de su voto.

El auto de la Audiencia sostiene que «se fue dando apoyo legal» a la construcción de la discoteca, por lo que «se hace preciso depurar responsabilidades y aclarar la participación de las personas que han intervenido en este proceso». No obstante, la Audiencia deja la puerta abierta a que «una vez finalizada la instrucción de la causa proceda al sobreseimiento de las actuaciones respecto de aquellas personas cuya participación haya sido conforme a derecho».

A los concejales se les imputa un supuesto delito de prevaricación, mientras que a Torres Hurtado se le atribuyen un total de siete presuntos delitos: prevaricación, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude en la contratación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio. Según el Jugado de Instrucción 2 de Granada, el exregidor Torres Hurtado «tenía conocimiento absoluto de la operación especulativa […] y existen indicios de su participación».