TRIBUNALES

Un tribunal popular juzgará la presunta malversación del exgerente de Bomberos de la Diputación de Córdoba

Se le acusa junto a un trabajador de pasar a su cuenta más de 600.000 euros

Antonio Navarrete, en un acto con bomberos de la Diputación de Córdoba en 2011 ABC

P. García-Baquero

El exgerente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, Antonio Navarrete , y un ex trabajador del Consorcio, M.L., serán juzgados por un tribunal popular por delitos relacionados con la malversación de caudales públicos durante la etapa que va de los años 2001 a 2012. El juez titular del juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, Arturo Vicente Rueda , ha trasladado la causa a la Audiencia Provincial de Córdoba para que sea enjuiciada por un tribunal popular, según ha constatado ABC.

Se trataría del primer tribunal del jurado que se enfrenta a enjuiciar una causa como ésta por apropiación de fondos públicos de cantidades que podrían superar los 800.000 euros por parte de un cargo político, en este caso vinculado al PSOE. Hay que recordar que en febrero de 2016 este mismo Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba impuso una fianza de 830.000 euros al exgerente al que la propia institución provincial acusaba de la presunta comisión de « delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos», por repercutir directamente en su cuenta particular «un volumen inmenso de transferencias» dirigidas al citado Consorcio de Bomberos, que sumaron 626.540,68 euros .

La mencionada fianza no tenía como objetivo que el exgerente pudiera eludir su ingreso en prisión preventiva, sino garantizar que el imputado haría frente a «la responsabilidad civil » que pudiera tener que afrontar. En el correspondiente auto judicial, el magistrado indicaba entonces que, de no abonar Navarrete la cuantía fijada, se procedería «al embargo de sus bienes », detallando que la fianza podría ser «personal, pignotaria o hipotecaria». Los hechos que sustentan esta decisión tuvieron su origen en las denuncias de la Diputación bajo el gobierno del PP contra Navarrete, que el 1 de febrero de 2013 se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citado por el mismo juzgado.

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