Transparencia obliga a los grupos municipales de Córdoba a entregar todas sus facturas

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, un órgano que depende de la Junta y que vela por la aplicación de la legislación sectorial de datos públicos, acaba de dar un revolcón considerable al Ayuntamiento de Córdoba que se negó a entregar la contabilidad , facturas justificantes incluidas, de todos los grupos políticos del Consistorio que obrasen en los archivos de la institución hasta el año 2017. El ciudadano había reclamado prácticamente todo: desde las cantidades percibidas por la vía de la aportación que realiza el Ayuntamiento para el sostenimiento de los grupos políticos hasta los justificantes de pago concretos que habían sido admitidos como válidos. Obviamente, el administrado había invocado la aplicación de la Ley de Transparencia , tanto la del Estado como la de la comunidad autónoma, para que se le entregasen estos datos públicos.

El Consistorio no invocó el silencio administrativo, que en estos casos es negativo. Respondió entregando al ciudadano interesado los datos básicos , esto es, la asignación recibida por los grupos municipales durante las anualidades de 2015, 2016 y 2017. Pero ni un folio más. Se trata de cantidades que se pueden rastrear en los presupuestos municipales de Córdoba cada año puesto que se trata de una cantidad fija por concejal al mes que se han de gastar en los asuntos operativos de los grupo municipales con ciertos topes y prohibiciones. Por ejemplo, no pueden servir para contratar personal o para adquirir inmovilizado como locales comerciales u oficinas. Los grupos usan el truco de remitir grandes cantidades a los partidos sobre la base de convenios marco que, supuestamente, se fiscalizan por el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas de Andalucía. Intervención ya ha dicho varias veces que son subvenciones y que se tienen que justificar en similares condiciones a las que se exigen a asociaciones u oenegés.

El informe jurídico realizado por el Ayuntamiento de Córdoba efectuó una serie de precisiones para justificar la negativa de la petición de información que han sido rechazadas por el Consejo de Transparencia. Por ejemplo, aseguró que el ciudadano peticionario no había justificado su solicitud. Se trata de una aplicación de los antiguos principios del Derecho Administrativo que obligaban a establecer una causa legítima para acceder a un expediente. El Consejo estima que son datos públicos y que no cabe justificación alguna para pedirlos. O hay que darlos o no, que es una de las grandes novedades de la legislación sobre transparencia. Y los que no se pueden dar se encuentran tasados en la normativa como ocurre con los datos de seguridad nacional.

El Consejo de Transparencia realiza una lectura mucho más abierta de la normativa y explica que el ciudadano tiene perfecto derecho a conocer la forma en la que se gastan los recursos públicos. Explica que las peticiones de información por parte de la ciudadanía no desplazan el papel institucional que tienen los órganos fiscalizadores citados por el informe municipal. De hecho, asegura que los grupos municipales no tienen el derecho a la protección de datos más allá del plenamente establecido por las normas vigentes. Afirma que no se puede aplicar de forma discrecional qué se entrega y qué no. El cogobierno ha mandado el informe a los grupos para que manden todas sus facturas .