Trasladode las dos personas halladas muertas en un presunto caso de violencia en Santa Rosa ÁLVARO CARMONA
TRIBUNALES

El presunto asesino de Santa Rosa obtuvo la libertad condicional en enero de 2018 por buena conducta

La Junta de Tratamiento de la cárcel de Córdoba lo aprobó al considerar que el nivel de reincidencia era «medio-bajo»

CórdobaActualizado:

El Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, en funciones de guardia el pasado viernes, investiga el caso de la pareja que fue hallada fallecida ese día en una vivienda de Córdoba capital, y se encuentra a la espera de recibir el atestado policial, así como el informe de las autopsias practicadas a los cadáveres, para decidir sobre si se inhibe o no al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Por otro lado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el varón fallecido fue condenado el 17 de mayo de 2004 por la Audiencia Provincial de Cádiz a 17 años de cárcel por asesinar a su esposa el 10 de abril de 2002 en la vivienda familiar ubicada en la localidad de Algeciras, y actualmente se encontraba en libertad condicional.

El fallecido ingresó, según estas mismas fuentes del TSJA, en el centro penitenciario de Córdoba, y por medio de un auto dictado el 10 de octubre de 2017, el juez de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba acordó progresarlo al tercer grado tras recibir los informes favorables tanto de la Fiscalía como de la Junta de Tratamiento, que informó favorablemente por unanimidad a que se le concediera el tercer grado al considerar que reunía los requisitos para disfrutar de un régimen de mayor libertad como es el del tercer grado.

Así, y en el informe favorable elevado al Juzgado de Vigilancia de Penitenciaria de Córdoba, la Junta de Tratamiento de la prisión precisaba que se trataba en ese momento de un interno primario, que llevaba cumplidos casi 15 años de la condena de 17 que le fue impuesta por el delito de asesinato – la libertad definitiva estaba fijada para el día 7 de abril de 2019- y con muy buena evolución en prisión, pues había disfrutado de numerosos permisos sin incidencias, no tenía sanciones en el expediente y había realizado un programa de violencia de género, a lo que se sumaba en esa fecha que venía abonando la responsabilidad civil desde hacía muchos años.

A juicio de la Junta de Tratamiento, el pronóstico de reincidencia en esa fecha era medio bajo, por todo lo cual el juez le concedió el tercer grado al entender que, a la vista de los informes aportados, el interno «se encuentra en condiciones de poder desenvolverse con normalidad en semilibertad, y consecuentemente acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario, pues el mismo viene observando una buena conducta en prisión, ha experimentado una buena evolución dentro del establecimiento, y su pronóstico de reincidencia es medio-bajo».

Pronóstico favorable

Asimismo, y en sesión ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2017, la Junta de Tratamiento propuso por unanimidad al juez de Vigilancia Penitenciaria la suspensión de pena en la modalidad de libertad condicional a los 3/4 de la condena por un periodo de dos años, adjuntando un informe con pronóstico favorable a su reinserción social.

Por medio de un auto fechado el 23 de enero de 2018, el juez de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba acordó aprobar la propuesta de libertad condicional al interno con fecha de efecto de los 3/4 de la condena impuesta, suspendiendo condicionalmente la ejecución del resto de la pena durante dos años con las prevenciones contenidas en los artículos 90 del Código Penal y 101 del Reglamento Penitenciario.

Así, el juez le impuso una serie de reglas de conducta, como la obligación de residir en la Casa de Acogida de Cáritas, de modo que los cambios de domicilio y/o residencia debían solicitarse al Centro de Inserción Social (CIS) y deberían ser autorizados por el Juzgado, o la obligación de «mantener hasta el final de la condena la buena conducta y comportamiento que han determinado el pronóstico individualizado y favorable a la reinserción, emitido en el informe final base de la concesión de la libertad condicional».

Posteriormente, el interno solicitó una modificación de regla de conducta en el sentido de pedir la autotutela, con lo que la Fiscalía mostró su conformidad, tras lo que el juez autorizó el 4 de julio de 2018 dicha autotutela en piso compartido en Córdoba capital a la vista de lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento Penitenciario y del informe del CIS.