Niños superdotados limitados por los escasos recursos públicos en Córdoba

NO es fácil ser un niño superdotado. En contra de lo que se pueda pensar, y de lo que dicta la lógica, tener unas elevadas capacidades intelectuales puede suponer más un inconveniente que un beneficio para el desarrollo personal, tanto en el colegio como en la vida social. Las dificultades a las que tienen que hacer frente los menores con altas capacidades son múltiples: falta de motivación, retraso educativo, falta de adaptación... Así hasta los problemas emocionales y psicológicos y, por encima de todo, el acoso escolar. Es el reflejo de una sociedad que no sólo no valora la excelencia, sino que no está preparada para ella; no conviene destacar.

No es posible saber con exactitud el número de niños con altas capacidades, un término que engloba varios conceptos: menores con talentos simples (destacan en un área del conocimiento), complejos (sobresalen en tres o más) y sobredotados (destacan en todas), la palabra con la que se quiere sustituir a la ya estigmatizada «superdotado».

La Junta de Andalucía, consultada por este periódico, no ha ofrecido las cifras exactas de cuántos niños en la provincia están actualmente clasificados como «con altas capacidades».

El dato más reciente lo ofrece el Ministerio de Educación y se refiere al curso 2013-2014, cuando había en Córdoba 592 niños con altas capacidades; en toda Andalucía eran 5.860 y 15.876 en España. El «boom» se produjo a partir de 2012, pero se debió a una operación burocrática más que a un cambio social: en 2011 la Junta aprobó un plan de actuación que contempla un protocolo de detección de alumnos con altas capacidades. En dos años, la cifra de alumnos cordobeses diagnosticados se multiplicó por tres. Y suponía, por poner un ejemplo, cinco veces más alumnos que en toda la Comunidad Valenciana.

Aún por diagnosticar

Sonia Muñoz, presidenta de la Asociación de Superdotados y Altas Capacidades de Andalucía (Asaca) en Lucena, asegura que en 2015 ya había en Andalucía unos 8.000 niños calificados, «pero la cifra real podría ser el doble» porque no se incluyen a los menores aún no diagnosticados. O los que no lo han sido por error .

La Fundación Avanza —una ONG especializada en este campo— , según explica uno de sus patronos, Diego Rodríguez, calcula que en torno a un 10% de la población posee altas capacidades y apenas un 2% podrían ser considerados «sobretodados». Extrapolado a la población de la provincia, daría como resultado que 80.000 cordobeses, tanto menores como adultos, tienen altas capacidades, de los que 16.000 serían sobredotados. Otra cosa es que lo sepan.

Y es que ya desde el primer paso para atender a niños con altas capacidades, en la fase de diagnóstico, empiezan los problemas. El protocolo de detección, según la información remitida a ABC por la Junta, «es de obligado cumplimiento en los centros educativos sostenidos con fondos públicos». Es, en esencia, una serie de tests que permiten dilucidar si un niño tiene altas capacidades o no. Y es aquí donde el sistema comienza a hacer aguas. Según Muñoz, «no es sólo la inteligencia, las altas capacidades son muchas cosas y no todos los niños son iguales», y para detectar a un niño los cuestionarios «son pruebas muy duras que los ponen al límite y no son concluyentes al 100 por ciento». Y cita el caso de una niña con un cociente intelectual de 145 puntos —técnicamente, un genio— que salió calificada con «deficiencia mental».