El «narco» de la esquina

Una operación del Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado esta semana el mayor invernadero de producción de marihuana detectado en Córdoba capital. En total, 1.500 plantas creciditas de cannabis que ocupaban una nave completa de la zona del Higuerón consumiendo, de forma presuntamente fraudulenta, la misma electricidad de un bloque de 40 viviendas. Dos personas están en prisión provisional por un presunto delito contra la salud pública y por la realización de una conexión eléctrica ilegal con el objetivo de que el negocio saliese redondo.

Los que trabajamos con noticias sabemos que el goteo empezó hace años pero que lo que hay ahora es un chaparrón de producción de marihuana en el chalé de al lado con gente que acaba, además, en la cárcel. Si el «cannabis» llegaba tradicionalmente de Marruecos, mediante oscuras redes que incluían todo tipo de intermediarios y «oficios» especializados, ahora la producción nacional , con denominación de origen, parece haberse convertido en una realidad. Cuando empezó el asunto, llegaban a las comisarías y los juzgados pequeñas plantaciones producto de gente que pasaba del autoconsumo a la condición de pequeño proveedor . Eso ha cambiado.

Lo que tenemos ahora es un auténtico «boom» de plantaciones , producto de la aplicación de la agricultura intensiva de invernadero a la puesta en el mercado de estupefacientes . No hay semana que no llegue a las redacciones una operación de enjundia con elementos comunes: el uso de edificaciones apartadas con acceso al fluido eléctrico con el objetivo de alimentar las lámparas que propician el crecimiento y los aparatos de depuración del aire. Por haber, ha habido hasta pequeñas operaciones en pisos particulares del centro de la ciudad que se dedicaban, ante las narices de todo el mundo, a producir una droga que ha probado, dicen las estadísticas, el 35 por ciento de los españoles.

La curiosidad del caso es que la marihuana se mueve en un confuso magma entre lo legal y lo ilegal. Tener menos de cien gramos en casa se considera consumo propio y no tiene reproche penal y administrativo. Su cultivo (si no es para el estricto autoconsumo) y venta se considera delito en el margen menor que la legislación expresa para los estupefacientes. En el caso de alijos pequeños, entre uno y tres años de prisión. Cuando se trata de un número de kilogramos de cierta entidad (diez o más), la pena puede oscilar entre tres y cuatro años y medio de cárcel más multa. Un dato no menor es que cultivar las plantas a cierta escala es delito pero las semillas son legales. Y existe un enorme mundo de venta de los útiles precisos e incluso de asesoramiento legal que opera con total normalidad. Da la impresión de que hay quien echa cuentas y establece que el riesgo merece la pena. La crisis , dicen los que han estudiado ese mundo, llevó a mucha gente sin empleo a este nuevo mercado, tan ilegal como socialmente tolerado.

El propio tratamiento jurídico de la marihuana -de cuyos efectos adversos no hay duda científica- ni siquiera es homogéneo dado que hay países donde es legal su uso medicinal y/o recreativo. Y el caso abre una reflexión, interesante, sobre el tratamiento policial y judicial que han de abordar necesariamente los poderes del Estado y, más concretamente, el Congreso y el Senado . La proliferación es tal y el debate social tras los operativos tan reducido que, me temo, ya se va descontando el tiempo para que alguien con representación parlamentaria levante la mano y abra el debate sobre si las cosas han de cambiar. Y en qué dirección.