El presidente de la Audiencia y el fiscal jefe de Córdoba encabezan la protesta en la Ciudad de la Justicia
El presidente de la Audiencia y el fiscal jefe de Córdoba encabezan la protesta en la Ciudad de la Justicia - VALERIO MERINO
Justicia

El 70 por ciento de jueces y fiscales de Córdoba secundan la huelga en defensa de su independencia

Todas las asociaciones profesionales firman la convocatoria que reclama mejoras retributivas

CórdobaActualizado:

Un 70 por ciento de jueces y fiscales de la provincia han secundado hoy la huelga, lo que ha supuesto un importante parón en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, así como en el resto de sedes judiciales provinciales, para reivindicar, como principal medida, lo que los magistrados han calificado como una defensa real del Estado de Derecho.

En concreto, el 75 por ciento de los fiscales y 65 por ciento de los jueces ha hecho huelga este lunes.

Se trata, por tanto, de un movimiento de protesta y huelga que cuenta con los parabienes de todas las asociaciones de jueces y fiscales de todo el país, pero que quieren dejar bien claro ante la ciudadanía que la protesta no tiene ningún interés político ni tampoco pretende ser un mero parón de un grupo cualificado de funcionarios.

Preguntado por este periódico sobre la huelga, el juez decano, que precisamente por su cargo no puede seguirla, Miguel Ángel Pareja, explicó ayer que «está en juego el Estado de Derecho porque los jueces consideramos que es una broma de mal gusto que sin haberse nombrado los vocales de Consejo General del Poder Judicial los partidos políticos hayan decidido nombrar al presidente del CGPJ, cuando son los vocales quienes deberían de hacerlo» al igual que ocurre con el Tribunal Supremo.

«La intención de los jueces, por tanto, es la de velar por que la independencia del poder judicial sea real y efectiva, porque nosotros somos la última trinchera de defensa del ciudadano ante los poderes fácticos y eso es lo que hay que seguir manteniéndolo limpio e intocable», afirmó.

No es la única demanda, que en este caso se lanza directamente a las formaciones políticas. También piden medidas para mantener de forma adecuada los juzgados, a fin de ser capaces de asegurar un derecho del ciudadano como es de la defensa de la justicia. Para ello hace falta más plazas, más funcionarios, más jueces y más fiscales. También piden los jueces y fiscales la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que limita los plazos de la instrucción de causas penales, sin que tengan ni cuerpo de perito propio ni policía judicial propia, o lo que es lo mismo sin medios.

Una carga de trabajo racional (carecen de módulo de carga laboral, con lo que el límite lo pone la propia salud del magistrado), una subida salarial (que lleva congelada desde 2010) o la recuperación de permisos y licencias para poder conciliar la vida familiar con la laboral, son otras reivindicaciones que harán salir hoy, al mediodía, a jueces y fiscales de sus sedes hacer visible su protesta. Los servicios mínimos son los juzgados de lo Penal de toda España.

Por su parte, desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su delegado en Córdoba, el magistrado Álvaro Carbonell, ha asegurado a ABC que el motivo es el que se viene reivindicando desde hace 14 o 15 años, es «la poca inversión en la Justicia; los problemas que hay en relación con el expediente digital y el parón desde hace más de 15 años de condiciones laborales y retributivas, en el sentido de que la mesa de retribuciones se reune sin ninguna finalidad y que desde hace 15 todavía no se ha repuesto el 10 por ciento en 2009 para cada juez o magistrado, venimos cobrando lo mismo que hace 15 años».

En segundo lugar, según este juez, está «el tema de la independencia judicial y el bochorno al que estamos asistiendo en relación al nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que actualmnte se está llevando a cabo».

«El seguimiento de la huelga será masivo, la suspensiones serán masivas igualmente», ha avanzado el representante de la asociación mayoritaria de jueces y magistrados en España.