Una instrucción avisa de que parte de la plantilla municipal está fuera de la ley

Una instrucción interna del Ayuntamiento de Córdoba recibida por los secretarios delegados (aquellos que operan en los organismos autónomos) amenaza con volver del revés deeterminadas prácticas laborales asumidas como normales en la corporación municipal desde hace muchos años.

La redacción del texto corresponde al titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local o asesor legal del gobierno municipal, José Alberto Alcántara, y debe tener consecuencias prontas. El texto indica que todo el Consistorio debe regular la situación en la que se encuentra el personal laboral fijo o indefinido que realiza trabajos funcionariales, algunos de los cuales se encuentran en situación «ilegal», dice el documento. Resumiendo, la instrucción afecta a centenares, de puestos de trabajo.

La base de la instrucción es que el trabajo funcionarial con efectos a terceros solo puede hacerlo personal que haya superado unas oposiciones legalmente convocadas.

Es decir, por ejemplo, solo un funcionario puede tramitar una multa o trabajar en un expediente para la adjudicación de subvenciones. Los laborales (o contratados), dice el documento, se tienen que limitar a puestos no permanentes, oficios (vigilantes, porteros, etc.) o funciones auxiliares. El problema es que hay laborales (fijos o indefinidos) que llevan muchos años en la institución realizando todo tipo de trabajos.

La cuestión viene en qué ocurre en aquellos casos donde una función que tendría que realizar un funcionario de oposición la está llevando a cabo un laboral. La respuesta de la instrucción es simple: corresponde convocar oposiciones a las que podrían concurrir tanto el profesional que ahora realiza estas funciones como cualquier otro interesado.

En el caso de los laborales fijos, la instrucción emitida ordena a los secretarios delegados a que el puesto incompatible con la situación del trabajador sea calificado como «a extinguir». Eso significa que, debido a la actual redacción de la ley, el actual empleado laboral puede seguir realizando sus funciones (incluso si son funcionariales) hasta tanto se convoquen las oposiciones de su puesto de trabajo. El informe no dice cuánto tiempo hay para cambiar la situación.

Mientras, en el caso de los laborales indefinidos con funciones de funcionario, la instrucción da tres situaciones. Una, convocar las oposiciones porque la actual situación «es ilegal». Dos, si la plaza ocupada por el laboral es una vacante y el puesto sigue siendo necesario aboga también por cubrirla con un funcionario de carrera. Tres, si el puesto de trabajo ya no es necesario, amortizarlo despidiendo a quien lo ocupe. El informe asegura que estas oposiciones no están limitadas con las medidas del Gobierno para limitar el gasto público.

Lo que puede parecer un problema entre empleados públicos es un dilema gordo para el Ayuntamiento. Solamente en la Gerencia de Urbanismo, el número de laborales fijos y no fijos asciende a un centenar largo. De hecho, la mayor parte de los puestos de responsabilidad están ocupados por personal que no ha superado unas oposiciones. El caso se repite en órganos como el Imdeec o el Imdeco.