Alto Guadalquivir

El fiscal pide cárcel para el exalcalde socialista de Algallarín (Córdoba) por malversación

Acusa al exregidor y al tesorero de manejar sin control dinero público y pagar actos del PSOE

Un grupo de vecinos con el exalcalde del PSOE de Algallarín en unas fiestas en 2006 ABC

P. García-Baquero

La Audiencia Provincial de Córdoba juzgará al exalcalde socialista de la Entidad Local Autónoma de Algallarín Juan Molina Sánchez entre 1999 y 2011 y su tesorero F.A.P., que estuvo en el cargo entre 2007 y 2011, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los que se enfrentan a penas de 11 años de cárcel y e inhabilitación . Los cargos que le imputa la Fiscalía, a cuyo escrito ha tenido acceso ABC , están relacionados con el uso fraudulento de una tarjeta de crédito a nombre del alcalde con cargo al Ayuntamiento, al pago de «voluntarios» sin quedar acreditado que ejercieran labores reales o el cargo a las arcas municipales de conciertos y actos del PSOE , entre otros muchos pagos sin control ni justificación. Se le imputan también transferencias bancarias directas a sus cuentas particulares tras perder las elecciones.

La Fiscalía considera en su escrito que el exalcalde del PSOE en el periodo que tuvieron lugar los hechos ostentaba las atribuciones previstas para su cargo de «ordenador de gastos y pagos de su Corporación». Mientras, el acusado F.A.P., en su condición de tesorero de la ELA , tenía las funciones de «manejo, realización de pagos, cobros y organización de la entidad».

Indisciplina económica

Pese a lo señalado, según el escrito del fiscal, los acusados -el alcalde desde 2006 y el tesorero desde 2007 hasta prácticamente un día antes de que fueron relevados por el nuevo equipo municipal el 11 de junio de 2011- «dejaron de seguir el procedimiento legal en las administraciones públicas para la ejecución de los gastos, no existiendo correlación entre los presupuestos de gastos y los realmente ejecutados, llevando a cabo gastos sin consignación presupuestaria y sin acuerdos municipales, incumpliendo la obligatoriedad de firma de los tres claveros para la autorización de pagos (alcalde, tesorero e interventor) y dejando de jusitificar salidas de fondos municipales».

Son múltiples los pagos de facturas sin concepto alguno, sin constancia de éstas, utilizando incluso una tarjeta de crédito a nombre del regidor a cargo de la cuenta de la entidad titularidad del Ayuntamiento sin control alguno, reitera el Ministerio Fiscal .

Desvío de fondos

Entre estos desvíos de fondos, la Fiscalía recoge cómo el alcalde de Algallarín percibió mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento 1.071.419,40 euros de la venta de una f inca en camino del Soto, siendo el importe real 1.080.000 euros, de acuerdo con el expediente de enajenación, sin que coste apunte contable o ingreso en cuenta bancaria de titularidad pública que justifique el destino dado a los 8.580,60 euros que suponen de diferencia.

Posteriormente, el 25 de mayo de 2007, siendo alcalde el acusado, se llevó a cabo un mitin electoral de la Agrupación Local del PSOE con un espectáculo musical a cargo de un grupo al que el alcalde entregó un cheque de 6.960 euros a cargo de la cuenta municipal, mientras que la factura presentada iba dirigida a la Agrupación Local PSOE.

Además, los acusados, «actuando concertadamente y con vulneración de sus obligaciones» desde enero de 2007 hasta noviembre de 2009 autorizaron el libramiento, a cargo de la cuenta municipal de hasta 176 cheques bancarios sin consignar documentalmente el objeto, la justificación o el destinatario del pago, con el consecuente daño al Consistorio.

Por otro lado, los acusados pusieron en marcha una actividad que denominaban «voluntariado» para cubrir servicios en distintas áreas como biblioteca municipal, apoyo medioambiental, socorro, deportes o «actividades técnicas de apoyo a las actividades de utilidad pública» a través de resoluciones por las que se pagaron 69.650,25 euros injustificadamente . De hecho, el fiscal asegura que «no consta documentalmente que se prestaran esos servicios, y hay total ausencia de facturas, contratos o acreditación de trabajos prestados». Las órdenes de transferencias de este voluntariado fueron autorizadas por el tesorero de forma directa.

En esta causa, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas estimó el daño a Algallarín en 81.240,87 euros declarando responsables directos solidarios a los dos acusasdos.

La Fiscalía cree que ambos acusados son responsables de un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos y pide para ellos 9 años y 6 meses de inhabilitación absoluta y 5 años y medio de cárcel para cada uno.

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