El exdirector de la OCA autorizó el traslado de animales sin tener potestad

La dimisión del director de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) Los Pedroches I, José Miguel Carmona, en contra de la versión oficial, no está relacionada con razones personales sino íntimamente ligada a la investigación iniciada por el Juzgado número 1 de Instrucción de Pozoblanco por un presunto delito de prevaricación. De hecho, hay indicios de que autorizó el traslado de animales inmovilizados pese a no tener potestad para ello.

La denuncia que ha dado pie a la apertura de diligencias, de la que informó este periódico, y que se ha visto reforzada con la declaración de hasta siete veterinarios, se presentó el pasado mes de agosto en la comandancia de la Guardia Civil de Pozoblanco y en ella se recogen episodios que podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación, de represalias contra veterinarios y de concesiones a explotaciones que no se ajustarían a la burocracia establecida.

En la denuncia se explica que el entonces director de la OCA autorizó salida de animales de una explotación «firmando guías de origen y sanidad pecuaria de 19 animales tras la negativa expresa de los veterinarios a emitirlas en continuidad de las causas que motivaron la restricción de movimiento de animales». En la misma, a la que ha tenido acceso ABC, se hace hincapié en que para emitir esas guías el director habría hecho caso omiso a la restricciones de salida complicándose el caso cuando, según la denuncia, 11 de esos 19 animales «no llegaron al destino expuesto en guía».

El texto de la denuncia prosigue citando a una de las explotaciones propiedad de la familia cuyos miembros llevaron a cabo dos agresiones a veterinarios. En este sentido, el técnico denunciante alude a que es el propio director el que realiza inspecciones de bienestar animal indicando que lo hace «sin ser inspector veterinario y por lo tanto no tener autoridad para levantar acta». Además, se acusa al director también de «hacer caso omiso» a un oficio del jefe de servicio de Agricultura, Ganadería, Industrial y Calidad que iba encaminada a la inmovilización cautelar de cabezas de ganado en la explotación antes mencionada.