Cosas que pasan

Ocho empresarios del sector de la formación propietarios de nueve compañías se sentarán en el banquillo en los próximos meses en el que promete ser el único juicio por el escándalo de los cursos de formación que llevó al calabozo a tres políticos socialistas en la macrooperación dirigida por la jueza Alaya . Antonio Fernández , María José Lara y Teresa Florido fueron arrestados e imputados por un rosario de delitos relacionados con la gestión irregular de cursos que ahora se solventarán procediendo en exclusiva contra empresarios sobre los que se tienen severas sospechas de que se tomaron la mano a la altura del codo en aquel maná que regaba determinadas economías familiares con el otrora provechoso negocio de los cursos de capacitación laboral.

Según la calificación fiscal, adelantada en ABC por Pilar García-Baquero , dos de los empresarios serán acusados de presunto fraude de subvenciones mientras que se sentarán exclusivamente por falsedad documental en la que habrían incurrido como consecuencia de la presentación de información incorrecta o directamente falsa para beneficiarse de la actividad. La petición no es tampoco de picar piedra. Tres años de prisión por cabeza más multas y devolución de cantidades, muchas de las cuales serán probablemente inútiles dado el tiempo pasado y que las empresas ya no existen.

Los diversos pronunciamientos han expresado en varias ocasiones que no se sentarán en el banquillo ni políticos ni técnicos de la Administración autonómica ya que no existen conexiones políticas entre empresarios y funcionarios públicos -una afirmación verdaderamente sorprendente vistos los nombre de algunos acusados, la verdad- y, por otra parte, no se ha hallado dolo en la actuación institucional. Si hubo problemas, dice esa tesis, fue porque hubo mucho dinero y poco personal para controlarlo . Cosas que pasan.

En el caso de los juzgados territoriales de Córdoba , el sumario llegará a la fase de vista oral con lo que existe la posibilidad de sentencia de culpabilidad. Tras la decisión de desmenuzar la macrocausa , no han sido pocos los pronunciamientos que no han visto ninguna responsabilidad penal de entre las ayudas repartidas, no pocas de ellas de forma un tanto rijosa, desde la Administración autonómica . La investigación inicial de Alaya con el apoyo de la Guardia Civil , que sostenía la hipótesis de una auténtica trama delictiva , ha quedado en un qué le vamos a hacer.

El problema radica en eso que se llama la realidad. Los cursos de formación, en una determinada época, fueron un auténtico coladero financiado con dinero público en el que entraron no pocos paracaidistas con buenas conexiones donde había que tenerlas. La lectura atenta de los hechos por los que se juzgará a estos ocho empresarios dibuja un ramillete de las malas prácticas que durante tanto tiempo cebaron no pocas cuentas corrientes a cuenta de alumnos que no recibían lo que se les prometía, docentes inexistentes, facturas de tutorías a precios fantasmales o compras de material de las que nunca se tuvo noticia. Por separado, presuntamente, la picaresca que tanto aflora cuando el dinero público no se cuida con el mimo que merece. Sumado todo ello, un disparatado caso de corrupción en el que se malgastaron por determinadas alcantarillas muchos millones de euros . Visto el asunto con cierta perspectiva, queda en el fondo del paladar ese gustillo rancio que deja la impunidad .