El Ayuntamiento no quiere mujeres reclamo en la Feria de Córdoba

¿ES la Feria de Córdoba una fiesta sexista, donde se atropellan los derechos de las mujeres? Debe serlo porque el Ayuntamiento de Córdoba pretende poner encima de la mesa una normativa nueva de casetas de feria que establece medidas concretas para prohibir cuestiones como el uso de mujeres como reclamo de las fiestas o determinadas publicidades que ponen al cuerpo de las jóvenes en el centro de la diversión durante los días en los que la ciudad se traslada a El Arenal para disfrutar de la celebración.

El debate interno generado entre las áreas municipales que han trabajado en el borrador y entre los distintos partidos proponentes es lo que, según han reconocido en el Ayuntamiento de Córdoba, ha generado un fuerte retraso sobre lo ocurrido el año pasado. La última aportación del texto ha sido la de la Delegación de Igualdad que dirige la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), que decidió asumir directamente la orientación de este departamento para visibilizar su compromiso con la política de género.

Un segundo bloque de medidas tiene que ver con la prevención y la respuesta ante las agresiones sexuales. Los hechos del grupo conocido como La Manada en los Sanfermines —que se encuentra pendiente de sentencia— abrió un debate sobre la situación de agresiones a las mujeres en las fiestas masivas donde el jolgorio y el alcohol. El año pasado fue el primero en que patrullas organizadas de mujeres realizaron vigilancias en el recinto del Arenal para denunciar a los presuntos agresores y atender a las víctimas.

Parte del debate ha consistido en reconocer este trabajo en la organización de la fiesta, cosa que ha encontrado oposición interna en el Consistorio sobre todo de expertos en materia legal. Un acuerdo de Pleno llegó a proponer que hubiese puntos de información para estos fines «acompañados de un retén policial».

Una de las claves a tener en cuenta es que la inclusión de este tipo de medidas en las bases de las casetas obliga a los titulares de los recintos a su obligatorio cumplimiento. El incumplimiento de ese régimen normativo puede ser objeto de denuncia ante los servicios municipales con las consecuencias que se derivan del régimen sancionador previsto en el mismo. Apercibimientos y cierres son las sanciones más usuales en función de la gravedad de los hechos.