¿Qué camino le queda por delante a la Plaza del Pocito?

La firme decisión del gobierno municipal de recuperar la titularidad pública de los bienes inmatriculados por la Iglesia podría costarle cuatro años de duro trabajo a los servicios jurídicos del Ayuntamiento. La Plaza del Pocito ha prendido la mecha: el Consistorio la declara de su propiedad y se embarca ahora en un proceso tramital que no será precisamente fácil.

En primer lugar, el Cabildo dispondrá de un plazo para presentar alegaciones una vez que se le notifique oficialmente la decisión del Ayuntamiento de revocar un bien de su propiedad, algo que ya ha manifestado abiertamente que hará al considerarse el «legítimo propietario» del mismo. A continuación, los servicios jurídicos municipales deberán inscribir en el registro de la propiedad el bien en cuestión, gestión que podría ser rechazada, al no poder inscribir a otro nombre un bien ya registrado.

Llegados a este punto, al Consistorio le quedarán dos salidas: la primera, recurrir el caso a la Dirección General Registral amparándose en la declaración de titularidad pública extraída del informe de investigación del propio Ayuntamiento; la segunda sería acudir al Juzgado de lo Civil para denunciar una falsa propiedad del bien, lo que inevitablemente acabaría en una pugna judicial en la que tomarían parte el Ayuntamiento y el Cabildo. El caso del Pocito servirá de ensayo para futuros escenarios.