Casos apilados en un juzgado
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El nuevo Código Penal da más competencias a Instrucción

En estos juzgados se ha comenzado a revisar el 90% de los casos, mientras que solo un 20% en los penales

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La aplicación de la reforma del Código Penal (CP) a partir del 1 de julio en los órganos judiciales afecta de lleno a los Juzgados de Instrucción, donde se ha comenzado a revisar el 90 por ciento de los casos. En cambio, en los penales, los asuntos afectados por el nuevo código no alcanzan el 20 por ciento. ABC ha hablado con el juez decano de Córdoba,José Carlos Romero Roa, que explica que esta tercera reforma del CP supondrá más competencias para los Juzgados de Instrucción. Romero explica que «hay faltas que se destipifican, por lo que ya no hay que cumplir ninguna pena y hay que dejar sin efecto cualquier acuerdo de cumplimiento de esas penas», como principal tarea.

Además, el nuevo texto contempla otras faltas que pasan a ser delitos leves y no se destipifican pero cambia la pena. Antes había faltas que tenían penas de multa y localización, localización permanente o trabajos para la comunidad y ahora sólo tienen multas, explica el juez decano. «En estos casos hay que escuchar al reo y a las partes por si quieren que esas penas de localización permanente o trabajo sean sustituidas o revisadas. Esto afecta a todas las ejecutorias salvo que ya tuvieran impuestas penas de multa menor», matiza Romero.

En cuanto a si esto supone una modificación de competencia o no, Romero cree que ahora delitos menos graves podrían considerarse leves. «En esas conductas (delitos leves) hay acuerdo para que sigan siendo competencia del Juzgado de lo Penal, pero desde el 1 de julio se quedarán en Instrucción, que tendrá más competencias que ahora para enjuiciarlas». Romero resta importancia a que la Junta no haya previsto refuerzos para aplicar esta reforma: «El problema es como veamos su aplicación».

El sindicato CSIF, en declaraciones a ABC, ha asegurado que el cambio en el Código Penal no va a reducir la carga de trabajo en los tribunales ni aligerar la tramitación de los procedimientos, como se pretende. CSIF asegura que irá en perjuicio de la calidad de la Justicia.

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