Guardias civiles y al fondo, policías nacionales, en las dependencias de la ORGA de Algeciras
Guardias civiles y al fondo, policías nacionales, en las dependencias de la ORGA de Algeciras - Sergio Rodríguez
Narcotráfico

Otra vuelta de tuerca para dejar a los narcos sin blanca

Algeciras cuenta con la segunda oficina contra el blanqueo de capitales de España como apoyo a los juzgados de Andalucía, Ceuta y Melilla

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Asfixiar a los ilícitos. Es el objetivo del Ministerio de Justicia al poner en marcha a principios de marzo una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) en Algeciras (Cádiz) que prestará servicio a toda Andalucía, Ceuta y Melilla.

Sólo hay otra en Madrid. Desde el Gobierno se asegura que será una herramienta más en la lucha contra el enriquecimiento ilícito y que su primer objetivo es la asfixia económica de las organizaciones criminales, principalmente las dedicadas al narcotráfico y la trata de seres humanos.

Ya está en ello. En sólo un mes de funcionamiento ya ha empezado a tramitar expedientes de localización y gestión de bienes procedentes de actividades delictivas.

Y es que la magnitud del problema es realmente preocupante. Según datos de Europol, en la Unión Europea existen más de 5.000 grupos de criminalidad organizada con una composición de más de 180 nacionalidades y se ha incrementado el número de organizaciones que están involucradas en más de una actividad criminal.

La ORGA fue creada a finales de 2015. La directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico, Recuperación y Gestión de Activos, Sofía Duarte, explica que hasta su creación, dichos activos quedaban a disposición de los órganos judiciales que, por norma general, ordenaban al final del procedimiento venderlos en subastas públicas. En su mayoría quedaban desiertas pero dichos bienes también podían volvían a manos de los ilícitos a través de terceros.

«Este mecanismo se había revelado ineficaz en procedimientos complejos, en la medida en que las necesidades de localización y gestión de bienes exceden de los medios de los órganos judiciales», indica Sofía Duarte.

La nueva ORGA actuará como órgano auxiliar de juzgados y fiscalías, y siempre por encomienda de éstos. «Esto va a permitir que todos los medios de los juzgados se dediquen a lo que debe ser su principal función, que es perseguir los delitos y los delincuentes, mientras que la ORGA se ocupará de perseguir y gestionar los bienes derivados de sus actividades ilícitas».

En sus tres años de funcionamiento a nivel nacional, este recurso se ha hecho cargo de 936 expedientes y ha obtenido ingresos por cerca de 25 millones de euros. «Confiamos en que estas cifras se verán ampliadas en 2019 por dos motivos: la apertura de esta unidad administrativa en el Campo de Gibraltar implica que se dupliquen los medios. Por otro lado, la constitución de la Comisión de Adjudicación de Bienes procedentes del Delito va a permitir que parte de los resultados de los delitos se dediquen a fines sociales y a medidas de ayuda a las víctimas», explica Duarte.

Ni droga ni armas

Y es que la ORGA tiene una doble función: la localización y la gestión de bienes -ni drogas ni armas- siempre por encomienda judicial. Se trata de un complejo trabajo de investigación para determinar el patrimonio nominal y real de los delincuentes.

Esta labor la realiza, en gran medida, el personal de la Policía Nacional y la Guardia Civil adscrito a la ORGA. En la oficina del Campo de Gibraltar, integrada inicialmente por 20 funcionarios, trabajan cuatro guardias civiles y otros tantos policías nacionales expertos en este tipo de delitos. Han sido seleccionados entre los mejores. La cuadratura del círculo se logrará con la próxima incorporación de personal de la Agencia Tributaria y de Vigilancia Aduanera.

En cuanto al trabajo de gestión, que es el otro ámbito de la ORGA, el objetivo es obtener resultados de los bienes decomisados mediante una gestión eficiente que evite los gastos de mantenimiento, permitiendo la realización anticipada o cediendo el uso de los mismos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ONGs o el Plan Nacional sobre Drogas.

La tarea será ardua. «La principal dificultad es determinar qué bienes que no figuran a nombre de los delincuentes realmente sí son resultado de la delincuencia organizada. Se trata de ‘levantar el velo’ de los entramados de estas bandas, que utilizan testaferros o sociedades pantalla para esconder los resultados de sus delitos, tanto en España como en terceros países», explica Duarte.

Otra dificultad estriba de esta lucha es que los delincuentes se encuentran cada vez más profesionalizados y se sirven de entramados societarios y fiscales para encubrir los resultados de su actividad.

«También es manifiesta la creciente complejidad operativa y la adaptación tecnológica de estos grupos que tienen estructuras cada vez más flexibles. Y es en este escenario donde la ORGA presta un servicio que excede de los medios con los que cuentan nuestros juzgados», apunta la directora general de Modernización de la Justicia.

Al margen de las penas previstas en el Código Penal, lo que se pretende evitar es que el delincuente se beneficie de los resultados de su actuación, es decir, que las ganancias económicas de este trabajo reviertan en la sociedad y no en los autores de la actividad delictiva.

Este recurso supondrá además una importante descarga de trabajo para lo juzgados y las fiscalías de Andalucía.

A la vanguardia

La coordinadora de la ORGA con sede en el Campo de Gibraltar, María del Mar Solano, asegura que se trata de un recurso pionero que permitirá que Andalucía se sitúe a la vanguardia en este ámbito. «Será un ejemplo a seguir», sostiene.

Reconoce el acierto de su ubicación en el Campo de Gibraltar: «Estamos en la puerta de Europa de la droga. El narcotráfico y el blanqueo de capitales están desmesurados en la zona».

En este sentido, subraya el problema que están causando las incautaciones de bienes ilícitos debido a la lucha contra el narcotráfico: «Hay una auténtica barbaridad de vehículos y embarcaciones en la zona. Venimos a agilizar. Un vehículo intervenido se queda almacenado y eso cuesta dinero a la administración. Cada día que está en un depositario son siete euros como mínimo. Cuando el procedimiento ha finalizado, el bien se ha depreciado y la administración tiene que pagar un dineral, mucho más de lo que puede valer el propio bien».