La Justicia dejó de ser un «cachondeo» para Pacheco

Al exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, le persigue aquella legendaria frase suya de que la «Justicia es un cachondeo». Si ayer se conocía que será juzgado en abril de 2016 por el caso de «la hermandad del Rocío», fuentes jurídicas han recordado a ABC que este abogado prejubilado de la antigua Caja de Ahorros de Jerez tiene pendiente otra vista antes del tema de la corporación rociera. La sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, acogerá a partir del 12 de enero (de no ocurrir un imprevisto) el juicio por el «caso de la venta de la estación de autobuses» que sentará en el banquillo de los acusados al veterano andalucista, quien cumple condena actualmente por el denominado «caso Asesores» en prisión.

También cumple condena el que fuera su mano derecha durante años, José López.

El juicio se articulará en tres sesiones semanales y se prolongará durante aproximadamente un mes. Reunirá a más de 60 testigos de las partes en una causa en la que, además de Pacheco, hay otros seis acusados: el exgerente de la Empresa Municipal de Suelo de Jerez (Emusujesa) y el promotor inmobiliario José Luis López, «El Turronero», su socio F.C. y tres supuestos testaferros. Cabe señalar que la Fiscalía solicita siete años de prisión para el exregidor por las supuestas irregularidades cometidas en la venta de la antigua estación de autobuses en 2004 cuando era delegado municipal de Urbanismo y vicepresidente de Emusujesa. Concretamente, el que fuera líder andalucista está acusado de un presunto de prevaricación continuada, fraude en la administración y falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito de estafa. Ante la otra citación, podría darse la circunstancia de que el «enorme» (mote cariñoso de Pacheco) pudiera ser condenado a trece años de prisión antes de que llegara el verano de 2016. Toda una tesitura para un veterano político de 66 años. Según el escrito de acusación pública los acusados se concertaron para beneficiar de manera arbitraria y con bienes públicos a una determinada sociedad en perjuicio económico de la propia administración.

Un plan orquestado

Para ello, según la acusación del Ministerio Público, siguieron un plan que se hizo con «desprecio total» de las normas administrativas y legales y evitando la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros en términos de igualdad y con grave perjuicio al patrimonio público al enajenar un inmueble percibiendo un precio considerablemente inferior al que le correspondía por su valor de mercado.

De esta manera, según el escrito de la Fiscalía, los acusados Pacheco y el entonces gerente de Urbanismo, de «común acuerdo» y guiados para favorecer supuestamente de manera arbitraria al «Turronero» -no le disgusta que le llamen así pues su familia se dedicaba a este producto- y su socio en el proceso de enajenación de la antigua estación de autobuses, realizaron los actos administrativos y las gestiones necesarias para que les fuese adjudicada a través de la mercantil Ingeniería Jienense, S.L., de la que eran los verdaderos titulares. Según el Ministerio Fiscal en dichos actos administrativos procuraron también que esta enajenación les fuese adjudicada por un «precio notablemente inferior» a su valor real que ascendió a 2,7 millones de euros cuando el valor real del mercado de la finca nunca podía ser inferior a 4,4 millones con el «pertinente perjuicio» para las arcas municipales.