Repulsa de varias organizaciones por el asesinato en Honduras de la indigenista y ambientalista, Berta Cáceres

Ecologistas en Acción, Amnistía Internacional y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo han condenado este jueves el asesinato a tiros de la líder indígena y activista ecologista, Berta Cáceres en Honduras, y exigen una investigación para esclarecer los hechos.

Según la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la trayectoria de esta activista demuestra «su enorme compromiso con la defensa de los territorios y los derechos humanos de las poblaciones indígenas y rurales», algo que le valió el premio ‘Goldman’ de medio ambiente.

Cáceres, que fue representante durante más de veinte años del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, había denunciado en múltiples ocasiones las actuaciones de multinacionales mineras e hidroeléctricas, que provocan en Honduras el desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas.

Ella misma denunció recientemente haber estado recibiendo amenazas de muerte, mientras que varios líderes indígenas habían sido asesinados. En 2013, Cáceres lideró una campaña contra la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca, un proyecto con consecuencias para la población de la región del Río Gualcarque. Ante esta situación, la coordinadora afirmó que «urgen políticas nacionales e internacionales que garanticen protección a las personas que defienden los derechos humanos y que se juegan la vida a diario».

Para Amnistía Internacional, el asesinato de Berta Cáceres era una tragedia previsible, ya que había sido víctima de «fuertes campañas» que buscaban acabar con sus acciones reivindicativas a favor de las comunidades indígenas.

Impunidad

Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, organización con la que colaboró Cáceres, consideró que «la muerte de Berta tendrá un impacto devastador para los activistas y organizaciones por los derechos humanos». También señaló la necesidad de esclarecer lo ocurrido mediante una investigación y que se implementen medidas para proteger a otros activistas con el fin de evitar una tragedia similar.

Por su parte, Ecologistas en Acción pide al Gobierno de Honduras que se ponga fin a la «impunidad», así como que «se retiren las empresas e instituciones constructoras o financiadoras de proyectos donde se denuncian violaciones de los derechos humanos y donde no ha habido consulta previa, según el artículo 169 de la OIT».