Pueblos en España donde morirse estuvo prohibido

Manuel Blas Gómez recuerda bien aquel excepcional bando municipal que dio en julio de 2002 en Darro con el título «Prohibido morirse». Apenas llevaba unos meses con el cargo de alcalde que aún ostenta, cuando tomó la decisión de vetar la muerte en esta localidad granadina de 1.500 habitantes. «Los vecinos lo tomaron bien», dice sin esbozar ni un ápice de esa retranca con la que seguro que muchos recibieron la ordenanza.

El cementerio viejo ya no tenía más suelo útil y aunque la anterior corporación había adquirido un terreno para construir uno nuevo, las arcas municipales no disponían de los siete millones de pesetas que se necesitaban para las obras. Blas Gómez (PP) sorprendió entonces a sus vecinos con la insólita prohibición de morirse en Darro.

A casi 100 kilómetros de distancia, aunque en la misma provincia de Granada, Lanjarón había tomado la misma medida en 1999 ante la saturación de su cementerio. Su alcalde, el popular José Rubio Alonso, dictó el 25 de septiembre un bando en el que prohibía a sus 3.870 vecinos que «optaran» por el «eterno descanso», «al menos hasta que este equipo de gobierno realice las gestiones necesarias para la adquisición de los terrenos idóneos para que nuestros difuntos se encuentren en la gloria».

«Aquí no se muere nadie, porque Lanjarón es vida y salud», decía el alcalde en su protesta.

La falta de espacio en el camposanto de esta población al pie de Sierra Nevada, famosa por ser uno de los lugares de mayor longevidad del planeta, había llevado a las autoridades municipales a construir nuevos bloques en las zonas ajardinadas, e incluso encima de otras sepulturas. «Fue un momento de dificultad. El cementerio se quedó pequeño y no podía ampliarse por la normativa de Sanidad que establecía que no debía estar a menos de 200 metros de la población», explica el actual primer edil de Lanjarón, Eric Escobedo, también del PP.

El polémico bando causó gran revuelo, dando pie a artículos como aquel de Antonio Burgos en el que decía «queden ustedes mucho con Dios, que me voy a Lanjarón» porque «tiene un alcalde que es un sol». El asunto llegó a salir hasta en «The New York Times», recuerda Escobedo.

La prohibición no impidió, sin embargo, que a los siete días uno de sus vecinos incumpliera la normativa, falleciendo por causas naturales en su domicilio. El primer infractor, muy a su pesar, fue un amigo del alcalde. Un anciano de 91 años llamado José Lozano, conocido como «Chápiro», que como el mismo alcalde reconocía con cierta sorna, era un destacado simpatizante socialista y había querido «dejar claro que su servicio al partido que apoya está por encima de la amistad con su alcalde del Partido Popular».

«No hubo sanción alguna», aclara Escobedo, por si había alguna duda. «Se hizo una excepción» y Chápiro fue enterrado en Lanjarón, así como los 4 ó 5 «infractores» más que se saltaron la prohibición antes de que se corrigiera la normativa de Sanidad por la vía urgente y se remodelara el cementerio.

En Darro, si alguien se incumplió la norma contaba con nicho propio en el cementerio y no ocasionó problema alguno, según recuerda Blas Gómez. Tampoco transcurrió mucho tiempo antes de que la Diputación Provincial de Granada concediera la subvención que sufragó las obras del nuevo camposanto.

De Italia a Noruega

Morirse ya no es ilegal ni en Lanjarón ni en Darro, pero sí en el pequeño pueblo italiano de Sellia. Desde el pasado agosto, aquellos de sus 500 vecinos (el 60% con más de 75 años) que no cuiden su salud deben pagar más impuestos. Su alcalde justifica esta provocativa ordenanza de difícil cumplimiento en que «la vida es un valor universal, pero en un pueblo pequeño cada uno debe hacerse cargo de su propia salud porque, además de tener un valor por sí misma, tiene un valor colectivo. Si un pueblo se hace pequeño, demasiado pequeño, no puede continuar en pie».

También en Italia hace tres años el pueblo de Falciano del Massico, con 4.000 habitantes, vetó la muerte como protesta por la falta de fondos para construir otro cementerio.

En 2008 y 2007 fueron las localidades francesas de Sarpourenx (a 40 km de Pau) y Cugnaux (a 15 km de Toulouse) las que prohibieron morirse a sus habitantes y en 2010 en el pueblo brasileño de Biritiva Mirim se llegó a amenazar a los infractores con que «responderían por sus actos». Todas ellas lograron solucionar el problema y hoy cuentan con un cementerio remozado o nuevo.

No así el gélido pueblo de Longyearbyen, situado en las islas Svalbard (Noruega), a 1.500 km del Polo Norte. Sus 1.500 habitantes no disponen de cementerio. El que tienen no acepta más cuerpos desde hace 70 años debido a que las bajas temperaturas de la zona, con 50 grados bajo cero en invierno, impiden la descomposición de los cadáveres. Las autoridades vetan los entierros para prevenir avalanchas de incondicionales de la criogénesis.