Imagen de archivo
Imagen de archivo - EFE

El PSOE y MÉS vuelven a divergir sobre la exigencia del catalán en la sanidad pública balear

Los socialistas quisieran flexibilizar el contenido del futuro decreto autonómico, mientras que los ecosoberanistas exigen que el documento se apruebe ya y que entre en vigor sin cambios

Actualizado:

El PSOE balear y MÉS por Mallorca están volviendo a evidenciar en estas últimas semanas sus recurrentes discrepancias con respecto al futuro decreto autonómico que regulará el conocimiento de catalán que se exigirá a los médicos y enfermeros que deseen trabajar en la sanidad pública en Baleares. Desde la Consejería de Salud, que está en manos de los socialistas, se aboga hoy mayoritariamente por flexibilizar un poco las condiciones fijadas en el borrador del citado decreto, mientras que los ecosoberanistas quieren que dicho documento se apruebe lo antes posible y que además entre en vigor sin cambios. De momento, las espadas siguen en lo alto en este asunto.

Cabe recordar que en la presente legislatura la presidenta del Gobierno balear es la socialista Francina Armengol, que cuenta con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el aval parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca. La posición de los socialistas con respecto a la exigencia del catalán ha sido siempre más flexible que la de sus socios ecosoberanistas. De hecho, el pasado verano el Servicio de Salud había dictado una resolución inicial en la que dispensaba del conocimiento de dicha lengua a médicos, enfermeros y farmacéuticos. La presión de MÉS obligó al PSOE a retirar dicha resolución y a aceptar la redacción de un nuevo decreto, que es el que se debería aprobar ya en breve y en el que se fijaba el catalán como requisito.

La futura norma autonómica establece, en su actual redacción, que la lengua catalana será un requisito para los auxiliares, enfermeros y médicos que se presenten a oposiciones. Los auxiliares deberán acreditar el nivel B1 —básico—, mientras que médicos y enfermeros deberán tener el nivel B2 —avanzado— para poder optar a una plaza en la sanidad pública. Los únicos trámites que quedan aún pendientes para que se empiece a aplicar la nueva norma son su envío al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen —no vinculante— y su aprobación por parte del Gobierno balear.

El citado decreto fija, en cualquier caso, varias excepciones. Una de ellas establece que cuando haya menos aspirantes que plazas a cubrir, no se exigirá el conocimiento del catalán. Aun así, quienes finalmente consigan una plaza en esas circunstancias tendrán que acreditar, en un plazo máximo de dos años, el nivel de catalán inicialmente requerido en sus respectivas convocatorias. En caso de que esa acreditación idiomática finalmente no se produzca, habrá una «penalización» para dichos profesionales sanitarios. En concreto, se les impedirá participar en los posibles traslados que se convoquen.

Una polémica persistente

El borrador del controvertido decreto fue aprobado inicialmente en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el 17 noviembre, pese a la oposición del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Sindicato de Enfermería (Satse), mayoritarios en el sector. Ambos sindicatos, que defienden que el catalán debería ser sólo un mérito, anunciaron que impugnarían el mencionado decreto cuando entre en vigor.

Por otra parte, el Satse de Baleares confirmó el pasado mes de diciembre la marcha de decenas de enfermeras de Ibiza ante la inminente aprobación del citado documento. Fue también en diciembre cuando unas 2.000 personas participaron en Mahón, capital de Menorca, en la manifestación convocada por la plataforma civil ciudadana Mos Movem (En Marcha) bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas». Todas estas circunstancias están haciendo que en el PSOE balear crezca la preocupación por el probable desgaste electoral que puede provocar la prolongación de esta polémica lingüística, sobre todo entre sus votantes más moderados.

En ese contexto, el presidente de Simebal, Miguel Lázaro, ha señalado este miércoles a ABC que de confirmarse que los socialistas quieren ahora flexibilizar el mencionado decreto, «sería una magnífica noticia» y «la vuelta al sentido común». Lázaro ha añadido que a día de hoy el Servicio de Salud no se ha puesto aún en contacto con Simebal para tratar sobre esta cuestión. «Si nos llaman, por supuesto que acudiremos», ha sentenciado. En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario general autonómico de Satse, Jorge Tera. «Hablar, todo lo que haga falta, aceptar imposiciones y exclusiones, no», ha afirmado.

Dispensas idiomáticas previas

A la espera de la aprobación del mencionado decreto, de momento sigue rigiendo lo establecido por la Ley de la Función Pública, más flexible en materia lingüística. Ello ha permitido que recientemente el Servicio de Salud de Baleares haya podido eximir del conocimiento del catalán a ocho jefes de servicio del Hospital de Son Espases, equipamiento sanitario ubicado en Palma y considerado como el de referencia de la Comunidad. Así, los nuevos responsables de Hematología, Ginecología y Cirugía Cardiaca no tuvieron que acreditar el conocimiento de la lengua catalana para poder acceder a sus respectivos cargos. Lo mismo ocurrirá ahora para los aspirantes que se presenten para cubrir otras cinco jefaturas, en concreto, las de Inmunología, Cirugía Ortopédica, Nefrología, Medicina Interna y Cardiología.

Una decisión en esa misma línea se había producido ya el pasado mes de diciembre en el Hospital de Can Misses, en Ibiza. El director general del IB-Salut, Juli Fuster, redactó una resolución provisional, avalada por un informe jurídico, en la que se indicaba que el requisito del catalán quedaba «excluido» en la convocatoria para cubrir ocho plazas en el servicio de Urgencias de Can Misses.

Fue también en diciembre cuando el Hospital Mateu Orfila, en Menorca, publicó una convocatoria para cubrir tres plazas de jefe de servicio, en concreto, para Medicina Interna, Aparato Digestivo y Neurología. Inicialmente, sí se había exigido el conocimiento del catalán a quienes decidieran optar a estos puestos. Sin embargo, al parecer se habría tratado de una equivocación, por lo que se decidió publicar una nueva convocatoria, eximiendo de la exigencia de dicho idioma a los facultativos que se presenten para cubrir esas tres plazas concretas.