El presidente de Iberdrola asegura que la central nuclear de Garoña «no es viable económicamente»

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha destacado que la central nuclear de Garoña «no es viable económicamente», por lo que ha pedido a Endesa, copropietaria al 50% de la central, que desista en su empeño de reanudar su actividad.

Durante la junta general de accionistas que ha tenido lugar este viernes en Bilbao, el máximo dirigente de Iberdrola ha subrayado que su empresa no hace «política energética», sino «distribuir la energía con las normas de los países de una manera segura y eficiente». Por ello, ha destacado que no tiene sentido insistir en la planta de Garoña, que lleva cuatro años fuera de funcionamiento, pues «no es viable» y conlleva «pérdidas sustanciosas».

De hecho, Sánchez Galán ha destacado que las plantas nucleares que posee Iberdrola están en una situación semejante a la de Garoña, pues las obligaciones tributarias que arrastran obliga a la compañía a pagar cerca del 50% de sus ingresos en impuestos.

En este sentido, ha instado al Gobierno a «analizar el marco regulatorio y fiscal» para convertirlas en un negocio viable.

Además de Garoña, Iberdrola tiene participación en las centrales nucleares de Cofrentes (100%), Almaraz I (53%), Almaraz II (53%), Trillo (49%), Vandellós II (28%) y Asco II (15%).

Endesa ha remitido a las decisiones en el seno de Nuclenor, «que es la propietaria de la central», cualquier decisión final respecto a la reapertura o no de la planta.

Nuevo consejero ejecutivo

Por otro lado, la junta general de accionistas ha ratificado el nombramiento de Francisco Martínez Córcoles como nuevo director general de los Negocios del grupo Iberdrola. Su entrada se produce tras la marcha de José Luis San Pedro, que dejó el cargo por motivos personales.

«San Pedro ha sido mi gran colaborador y mi principal apoyo desde que llegué a esta casa –ha manifestado Sánchez Galán–. Es uno de los mejores conocedores del sector eléctrico de nuestro país».

Más dividendos

Iberdrola ha aprobado a su vez la propuesta de aplicación del resultado y distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2016, que contempla un incremento del 11%, hasta 0,31 euros brutos por acción, así como el nombramiento de KPMG como nuevo auditor de la compañía para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

La junta de accionistas también ha dado el visto bueno a una reducción de capital social de la compañía máximo del 3,41% para evitar el efecto dilutivo de la ejecución del programa de dividendo flexible y mantener el beneficio por acción.

En este sentido, el órgano rector de la energética ha acordado llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias que estará vigente hasta el próximo 31 de mayo.