Sociedad

El obispo Taltavull quiere reunirse con los proabortistas que en 2014 asaltaron una iglesia en Palma

El nuevo administrador apostólico de la diócesis tiende la mano a los seis jóvenes que serán juzgados a partir del 29 de septiembre, y que podrían ser condenados a cuatro años de cárcel

Sebastià Taltavull
Sebastià Taltavull

El nuevo administrador apostólico de Mallorca, monseñor Sebastià Taltavull, quiere reunirse el próximo lunes con los seis jóvenes que serán juzgados a partir del 29 de septiembre por haber irrumpido hace dos años en la iglesia de Sant Miquel de Palma con gritos y pancartas pidiendo el aborto libre. En una carta dirigida a dichos jóvenes, el obispo muestra su deseo de mantener una reunión con ellos «con la mano tendida». Las seis personas encausadas, cuatro mujeres y dos hombres, se enfrentan a posibles penas de cárcel de entre un año y medio y cuatro años de prisión.

El asalto por el que estos jóvenes serán juzgados ahora en la Audiencia Provincial ocurrió el 9 de febrero de 2014. En aquella fecha, una treintena de personas entraron en la parroquia de Sant Miquel poco después de que hubiera empezado la misa del mediodía. Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, los encausados avanzaron por la iglesia portando una pancarta con el lema «Fuera rosarios de nuestros ovarios» mientras gritaban «¡Libre y gratuito, aborto!».

La irrupción en el templo provocó que se paralizase momentáneamente la ceremonia religiosa. Tras vivirse momentos de gran tensión, el sacerdote que estaba oficiando la eucaristía, personal de la parroquia y diversos feligreses evitaron que los asaltantes consiguieran llegar hasta el altar. Finalmente, lograron además que los citados jóvenes abandonasen el lugar sin nuevos incidentes.

La Fiscalía también señala en su escrito de acusación que el suceso dejó a los presentes «en un estado de gran desasosiego, indignación e intranquilidad». Por todos esos hechos, el Ministerio Público solicita para cada uno de los seis acusados una pena de un año y medio de prisión, por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el Obispado de Mallorca pide que se imponga una pena de cuatro años de cárcel para cada encausado. Aun así, desde el inicio del proceso judicial la diócesis también se ha mostrado dispuesta a retirar la acusación si los seis jóvenes hubieran reconocido públicamente que habían actuado mal, algo que hasta ahora no ha sucedido. Los encausados han venido manteniendo, por contra, que su actuación fue sólo un acto de protesta por la reforma de la Ley del Aborto que en aquellas fechas estaba tramitando el Gobierno central.

En ese contexto previo, el obispo Taltavull hace ahora un nuevo llamamiento al «diálogo» y a «hacer comunes todas aquellas actitudes y aquellos valores que favorecen una convivencia pacífica, en el marco de la cual estoy seguro de que podremos entendernos». Por esa razón, «siguiendo en la línea mantenida por parte de la diócesis de tener la mano tendida para un acuerdo que permita el reconocimiento de una acción no adecuada», Taltavull ha decidido tender de nuevo la mano y solicitar una reunión con los seis encausados en este proceso.

En cualquier caso, el administrador apostólico también recuerda en su carta que «ciertamente a todos los fieles nos ha dolido que no se respetase uno de los derechos humanos más básicos, recogido en la Declaración Universal y en el ordenamiento constitucional español, como es el derecho a la libertad religiosa, que comprende el ejercicio del culto público».

Por su parte, el colectivo feminista que apoya a los seis encausados ha emitido este miércoles un comunicado en el que anuncia que acepta reunirse con el obispo el próximo lunes, si bien «partiendo de una posición clara y comprometida con los derechos de las mujeres». El citado colectivo valora además positivamente la «mano tendida» de Taltavull y afirma que «el diálogo puede ser muy positivo de cara a una eventual superación del conflicto».

En ese sentido, el comunicado también señala que el hecho de ofrecer ahora sentarse en una misma mesa demostraría que se trata de «un caso político» y no estrictamente judicial. Según este colectivo, «la acción en Sant Miquel no fue ningún acto criminal», sino la «respuesta política a una situación política: la contrarreforma de la Ley del Aborto».

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